Preguntas y respuestas

Definitivamente, la representación ha terminado por sustituir a los contenidos en la política vasca. Casi todo sucede según estaba escrito en el libreto, y cada institución y cada personaje actúa y dice lo que le corresponde hacer o decir, aunque esto no tenga mucho que ver con lo que realmente se pretende. Lo importante es la actuación en sí, aparecer convincente en el papel elegido para intentar conmover al respetable y ganar su voluntad. Para conseguirlo no se duda en utilizar con profusión los recursos del teatro, desde la retórica a la escenografía.

Como ya llevamos varios años de función ininterrumpida, resulta difícil que la obra ofrezca alguna sorpresa argumental, por lo que hay que fiarlo todo al gesto, al tono, al adjetivo. Sustancia apenas ha habido en esta semana en la que se ha pasado otra página del guión. Se ha publicado la ley sobre la consulta tras una entretenida espera de medio mes, se han presentado los recursos del Gobierno central y el PP, y el Tribunal Constitucional la ha suspendido de forma cautelar como era de carril. Todo conforme estaba escrito, incluidos los gestos de los protagonistas: contenidos y circunspectos los recurrentes, agraviados y solemnes los recurridos, como corresponde al papel de víctimas que el lehendakari Ibarretxe y su Gobierno han elegido como más propicio a sus intereses.

La representación ha sustituido a los contenidos en la política vasca

Sin embargo, el pasado domingo se produjo un hecho que, proyectado sobre la representación, descubre algunos de los ángulos menos de la escena. El Gobierno vasco dio a conocer los resultados del Sociómetro, la encuesta periódica que realiza para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de diversas cuestiones. Y coincidió que en esta ocasión tocaba preguntar, entre otros asuntos, sobre la gran decisión que se intuye tras el derecho de decidir aunque se evite decirlo. Pues bien, el Sociómetro volvió a manifestar lo que vienen expresando ésta y otras consultas desde que se realizan: que el porcentaje de ciudadanos que desean abiertamente la separación del País Vasco de España se sitúan entre el 20% y el 30%. Pero esta entrega de julio aportaba dos notas especialmente inoportunas para el lehendakari. En plena exaltación del derecho del pueblo vasco a decidir libremente su futuro, resulta que el apoyo a la opción independentista alcanza su nivel más bajo (22%) desde 2001, precisamente, cuando Ibarretxe empezó a experimentar con el soberanismo. El otro aspecto adverso de la encuesta es que sólo una cuarta parte (26%) de los simpatizantes de su partido respaldan sin ambages la independencia de Euskadi, mientras que el 44% lo haría dependiendo de las circunstancias; por ejemplo, del coste que la secesión tuviera para su actual calidad de vida.

Conociendo el lehendakari, como conoce, la realidad sociopolítica de la comunidad autónoma, llama la atención que lance contra sus detractores preguntas retóricas que se volverían muy incómodas si se las hiciera él mismo con ligeros cambios. Aceptado que es bueno consultar directamente a los ciudadanos y que no hay que tener miedo a "oír lo que dicen los vascos", cabe interrogarse por qué entonces, puestos a hacer un referéndum consultivo, no se plantea formular una pregunta clara e inequívoca.

Esos argumentos, y sobre todo el del miedo, regresan como un bumerán cuando se analiza la insustancialidad (sólo aparente en el caso de la segunda pregunta) de lo que se pretende someter a consulta. Porque si se proclama el supuesto derecho de decisión-autodeterminación, y se está dispuesto a ir hasta el final, ¿por qué no preguntar sin medias tintas si se quiere o no ser independiente? Seguramente, porque ni le interesa al lehendakari ni la consulta tiene el cometido de conocer la opinión de los ciudadanos. La respuesta ya la sabe Ibarretxe sin necesidad de convocar para que responda en las urnas al conjunto del cuerpo electoral, algo que si no es un referéndum consultivo se le parece bastante. Para eso están el Sociómetro y otras encuestas.

No. La consulta fue desde su origen el instrumento estratégico elegido como más conveniente para conservar el poder, y sus promotores van a intentar hacer de su anulación el resorte victimista para tratar de ganar las próximas elecciones autonómicas. Todo según lo previsto. Hasta entonces está asegurada la representación, sin que tenga mucho que decir el público. Unos ciudadanos que, cuando entienden lo que se les pregunta, responden que sienten como principales problemas el paro y las condiciones laborales (47%) y la vivienda (46%; Sociómetro de julio), y que en su inmensa mayoría (72%; Sociómetro de marzo) afirma tener "poco o ningún" interés por la política. Quién lo diría viendo el panorama.