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Análisis:

Los prestidigitadores

El abuso del derecho por motivos políticos, de dinero y de poder ha pervertido una figura tan necesaria como la acción popular

La culpa fue de Ruiz-Mateos. Un personaje ingenioso capaz de crear un imperio y de arruinarlo en un segundo, que transformó su venganza por la expropiación de su holding, Rumasa, en aquella frase de El Padrino: "No es personal, son negocios". Tirando de imaginación y con el dinero que había conseguido ocultar, el ex banquero jerezano contrató anuncios en prensa del siguiente tenor: "Compro escándalos. Pago bien". Y puso en marcha una maquinaria de querellas y chantajes contra todo el que era alguien en la sociedad española para tratar de recuperar lo que él consideraba que le habían robado. Fue un camino tortuoso, pero con una de sus querellas consiguió incluso sentar en el banquillo al primer banquero de España, Emilio Botín.

No todo le salió bien, y por algunas de estas maniobras fue condenado de nuevo, pero con su actuación Ruiz-Mateos fue el primero que pervirtió el sentido de una figura jurídica como la acción popular.

Porque la acción popular es un derecho reconocido en el artículo 125 de la Constitución que permite que cualquier ciudadano español ejerza la acusación en un proceso, aunque no sea víctima ni perjudicado, con el único interés de defender la legalidad. La primera vez que la acción popular se articuló en España fue en la Constitución de 1812, que la reguló en su artículo 255 para los delitos de soborno y prevaricación de jueces y magistrados. También se mantuvo en la Constitución de 1869 y en el artículo 29 de la de 1931, aunque en este caso se refería a los delitos de detención y prisión ilegal.

Alguien podría pensar que es un derecho menor porque para acusar en el proceso ya están el fiscal -al que la Constitución otorga el papel de garante de la legalidad, es decir, defensor de la ley- y los perjudicados, pero sería un grave error. La acción popular tiene un fin excelso ya que está concebida como un instrumento para controlar los abusos del poder, es decir, para aquellos casos en los que el fiscal, dependiente del Ejecutivo, no quiere acusar y los perjudicados tienen miedo a enfrentarse a las estructuras del Estado.

Fíjense si es importante que gracias a la acción popular, a mediados de los ochenta, se persiguieron las torturas cometidas en la cárcel de alta seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y, sobre todo, se investigaron, juzgaron y condenaron los asesinatos cometidos por los GAL, un grupo integrado por mercenarios, policías y guardias civiles creado desde el Ministerio del Interior para combatir a ETA con sus propias armas. Un total de 102 particulares presentaron la querella en la Audiencia Nacional e impulsaron una investigación que supuso la condena de los policías Amedo y Domínguez y, después, del ministro José Barrionuevo y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera.

Pero si es virtud el uso, es lacra el abuso. Ruiz-Mateos fue el primero, pero no el único. El PP de los tiempos de Aznar en la oposición descubrió su utilidad como instrumento de lucha política y, utilizando a Ruiz-Mateos y al empresario vinculado al partido Christian Jiménez, se personó como acusación en todos los procesos por corrupción -Filesa, AVE, Pilar Miró, Juan Guerra, Renfe, Ibercorp, etcétera- con la indisimulada finalidad de echar a Felipe González del poder. Claro que sólo en la corrupción ajena.

Ahora, el pseudosindicato Manos Limpias, el Foro Ermua y varias asociaciones de víctimas, alguna de turbios intereses, siguen aquella estela marcada por Ruiz-Mateos y el PP y están utilizando la acción popular, directamente o por encargo, para hacer política o conseguir dinero y poder, o ambas cosas. Son auténticos prestidigitadores, magos de la pirueta jurídica y de la triquiñuela legal, capaces de sacar conejos de la chistera donde nunca hubo conejos ni chisteras.

El último ejemplo ha sido el caso del ácido bórico, donde en lugar de perseguir a los auténticos autores de los atentados de los trenes del 11-M, con la intención de vincular a ETA con la matanza, jaleados por El Mundo y la Cope, han acusado a cuatro mandos policiales de una falsedad que nunca existió.

Decía Balzac que "hay tres jueces agazapados en el fondo de todas las conciencias: el honor, la verdad y la justicia". Sobre la de estos personajes, seguimos sin noticias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de julio de 2008