Costosas, subvencionadas y (algunas) sin audiencia

Desde el nacimiento de la televisión vasca, ETB, hace 25 años, pocos son los Gobiernos autonómicos que han escapado a la tentación de crear su televisión. Desde entonces, 13 comunidades han puesto en pie sus propias corporaciones. Algunas, como la catalana TV-3, se han convertido en verdaderos gigantes audiovisuales, con ocho empresas dependientes y una plantilla de 2.700 personas, casi el doble que Antena 3.

La televisión vasca tiene previsto emitir hasta cuatro canales propios

El crecimiento es imparable. La mayoría de las autonomías explotan dos canales. Y sólo es el principio. ETB, por ejemplo, tiene un canal en castellano y otro en euskera y a lo largo del año pondrá en marcha ETB-3 y después ETB-4. Pese a todo, no entrará en números rojos. Los pagará el Gobierno vasco a través de un contrato-programa. Esta fórmula es la empleada por la mayoría de las televisiones autonómicas para financiarse y cubrir los gastos que no alcanzan a sufragar con los ingresos publicitarios.

Y es que la publicidad no da para alimentar tantas señales. Los 16 canales autonómicos consumirán este año un presupuesto de 1.800 millones de euros, de los que algo más de mil serán subvenciones directas procedentes de las arcas públicas. La catalana TV-3, la andaluza Canal Sur, la gallega TVG y Telemadrid acaparan las grandes partidas.

Otras, como la valenciana Canal 9, acuden al endeudamiento, una fórmula clonada de RTVE, que llegó a acumular una deuda de casi 8.000 millones de euros. El ente valenciano aún no llega a tanto (1.100 millones). Para sujetar el presupuesto de este año, el Gobierno valenciano aprobó el pasado viernes conceder un aval de 97,3 millones de euros, que estará destinado a garantizar las operaciones de crédito del ente público.

El presidente valenciano, Francisco Camps, se ha comprometido a formalizar un contrato-programa para el próximo año. La Generalitat asumirá la deuda histórica y asignará una cantidad anual a cambio del servicio público.

Éste es el camino seguido por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), organismo que gestiona TV-3. Con la nueva ley, la Generalitat ha enjugado una deuda de 1.046 millones de euros, uno de los compromisos adquiridos en el contrato-programa pactado con el Ejecutivo de José Montilla. A raíz de este pacto, la Generalitat aporta este año a la radiotelevisión autonómica 273 millones y otorga una subvención directa de otros seis millones. Estos fondos representan más de la mitad del presupuesto de este año, que alcanza los 485 millones.

La fórmula del contrato-programa está destinada a financiar el coste del servicio público. El problema es que algunas empresas consideran que toda la programación es servicio público, desde la carta de ajuste hasta la despedida y cierre.

Con una ley recién estrenada, la televisión andaluza está en pleno proceso de cambio. El Parlamento tiene en sus manos la llamada Carta de Servicio Público, que determinará los campos de actuación en los próximos seis años. Este catálogo de obligaciones se detalla cada tres años en un contrato-programa que fija la subvención de la Junta de Andalucía. Para este ejercicio, el presupuesto es de 243 millones de euros (un 6,2% más que el anterior). Las arcas públicas aportarán más de la mitad (176 millones). El ente asegura que, a pesar de su magnitud, seguirá siendo la más barata, con un coste por habitante de 22 euros al año.

Telemadrid tiene un pacto financiero desde 1995. Este año, la Comunidad de Madrid aportará 81,5 millones de euros (el 53% de sus ingresos) y recaudará en publicidad 72,1 millones. La compañía calcula que perderá seis millones de euros, aunque cuadrar los presupuestos nunca ha sido la habilidad de Telemadrid. Hace pocos años tuvo que pedir 20 millones extras para hacer frente a los gastos desbocados. Y en el último ejercicio se encontró con un "déficit no previsto" de 30 millones. De momento, la empresa se muestra optimista. "A cierre de 30 de abril, el resultado del ejercicio es 661.000 euros mejor de lo previsto", se dice en el balance.

Frente a estos gigantes, las autonómicas de nueva creación han creado una infraestructura mínima para adelgazar sus costes. Aragón TV, por ejemplo, externaliza las principales áreas de su gestión y Canal Extremadura (que no forma parte de la FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) sobrevive con 14 millones. En el lado contrario, IB3 (Baleares) ha acumulado en sus pocos años de vida una deuda de 168 millones.

La fragmentación del sector por el aumento de la competencia conduce a una situación paradójica: a medida que engordan sus presupuestos, disminuye la audiencia. La media de los canales agrupados de la FORTA en la temporada recién concluida es del 14,6%, dos décimas menos que la anterior. Algunos segundos canales, como La Otra (Madrid) o el valenciano Punt 2, son prácticamente invisibles. Sólo el empeño de los Gobiernos regionales los mantienen encendidos.