El ex alcalde de Seseña se enriqueció mientras ayudaba a El Pocero

Los dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de una denuncia de IU, sobre la macrourbanización de Seseña (Toledo) -13.508 viviendas en un secarral- del promotor Francisco Hernando, El Pocero, ya tienen un primer presunto culpable: el ex alcalde socialista -1999 a 2003- José Luis Martín Jiménez, que dio luz verde al proyecto pese a tener informes desfavorables autonómicos y carecer de evaluaciones imprescindibles.

La ocultación de tales trabas, según la denuncia presentada ayer por Anticorrupción, le fue premiada económicamente por una mano aún anónima. De 2002 a 2005, el ex alcalde depositó cerca de medio millón de euros en fondos de inversión a nombre de sus hijos por importes injustificables con su sueldo -27.806 euros anuales como regidor-, y después de 2003 como privado (17.000). Además, hizo desembolsos por más de 200.000 euros. De ello se deriva un supuesto triple delito del ex regidor socialista: prevaricación, cohecho y fiscal.

La denuncia que presentó ayer Anticorrupción en los juzgados de Illescas (Toledo) no incluye más imputados, ni políticos ni empresarios, pero de las diligencias deben salir sus cómplices en este pelotazo urbanístico, quiénes le dieron el dinero y por qué.

El ex alcalde alega en su descargo que cobró un cupón de la ONCE por 144.000 euros en 2000. Ni con este cuponazo, que la fiscalía ve increíble, cubre su disparo patrimonial en los mismos años en que agilizaba como regidor el plan de El Pocero en Seseña mientras orillaba sus graves defectos urbanísticos. Porque, casualmente, hay una correlación entre sus ingresos anómalos y su actuación en favor del proyecto de El Pocero.

Martín era alcalde de Seseña desde 1999. Pero sólo en 2002 aflora su primer ingreso inexplicable. Ese año registra fondos de inversión y seguros por 160.800 euros y una vivienda en Málaga por 9.617 euros. ¿Qué ocurre ese año? El 19 de noviembre de 2002, la firma ONDE, del hijo de El Pocero, presentó al ayuntamiento su plan de El Quiñón, una macrourbanización de 13.508 viviendas que requería la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados. Sumaría 40.500 habitantes a Seseña (8.000 habitantes).

El proyecto, dada su envergadura, requería el permiso de la Junta de Castilla-La Mancha, que comunicó al ayuntamiento el 23 de diciembre de 2002 que para sacar adelante el plan requería un Plan Especial de Infraestructuras (PEI). No podía construir una ciudad con accesos de aldea.

El 20 de febrero de 2003, la Comisión Provincial de Urbanismo entregó al ayuntamiento su opinión sobre el plan viario propuesto por el promotor. Exigía información a los vecinos, pueblos colindantes y organismos concernidos. Y planteaba que se calculasen sus demandas de agua, saneamiento, depuración, accesos y suministro eléctrico.

Pese a no contar con tales datos exigidos por el PEI, como denunció la oposición, el pleno lo aprobó inicialmente el 13 de marzo de 2003 con los votos del PSOE. La oposición no lo apoyó. El 22 de abril de 2003, el grupo socialista ratificó el PEI. La oposición se opuso de nuevo. La masiva reclasificación, de casi dos millones de metros cuadrados, fue aprobada por el PSOE el 8 de mayo de 2003, 17 días antes de las elecciones. La oposición denunció que para tal plan eran imprescindibles los informes de la Comisión de Urbanismo y de la Consejería de Agricultura.

El alcalde aseguró que esos informes constaban en el expediente y que "eran favorables". Mentía. Según Anticorrupción, el informe de Urbanismo era desfavorable -ponía 18 reparos, seis tan graves que paralizaban el plan- y el de Agricultura no existía (cuando posteriormente llegó, planteaba que el proyecto sólo podría aprobarse cuando se garantizase el suministro de agua).

Y existía una tercera voz discordante: el oficial mayor del ayuntamiento alegó que para garantizar la legalidad del proyecto "sería necesario un estudio más profundo y detallado, donde se complemente o aporte mayor documentación que permita concretar el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes".

Ninguno de tales reparos urbanísticos, ambientales y legales frenaron al alcalde y a su grupo: votaron la aprobación del plan. Sólo cinco días después de tal aprobación forzada por el alcalde, Martín tuvo, nuevamente, unos ingresos anómalos: el 13 de mayo de 2003, el alcalde suscribió tres fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos por un total de 144.000 euros. Posteriormente, abrió nuevos fondos con un importe de 20.000 euros. Además, al día siguiente de la aprobación del plan de El Pocero, depositó en efectivo 77.000 euros y se subrogó en dos hipotecas por valor de 250.000 euros para la compra de dos viviendas que compró, casualmente, a una filial de El Pocero.

El 11 de junio de 2003, el alcalde, ya en funciones, presidió un debate en el pleno sobre el plan. Nuevamente, ocultó los informes negativos llegados al ayuntamiento: el 7 de mayo, el de la Comisión de Urbanismo; y el 9 mayo, el de Agricultura.

Martín, tras dejar la política en 2003, siguió con su goteo de ingresos injustificados. En 2004 adquirió fondos por 60.000 euros; en 2005 desembolsó 86.000 en dos firmas, y, además, abrió un nuevo fondo de inversión (15.000 euros) y reinvirtió otros 110.000.

Por otro lado, según Anticorrupción, el ex alcalde aparece vinculado a firmas como Servicios y Desarrollos Culturales del Norte y Eurogestión Proyectos. Analizadas esas empresas, "sus ingresos e incrementos resultan de operaciones de naturaleza no determinada", concluye Anticorrupción. Y el plan hoy sigue bloqueado, de facto, por la alcaldía, de IU.