Ibarretxe aprueba 5,1 millones para su consulta y retrasa la ley para entorpecer el recurso

El Gobierno vasco habilitó ayer una partida presupuestaria de 5.133.237 euros para la consulta soberanista que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, quiere celebrar el 25 de octubre. El Ejecutivo vasco se adelantó a hacer la provisión económica antes de publicar la ley de la consulta en el Boletín Oficial del País Vasco, trámite para el que baraja la fecha del 18 de julio, según pudo saber ayer este periódico en fuentes de la Administración vasca.

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, dijo que el PSE, con quien pactó los presupuestos en diciembre de 2007, conoció entonces su intención de habilitar esta partida.

De los cinco millones, el Gobierno prevé destinar 2,4 a personal y funcionamiento de la Administración; 2,4 a subvenciones a partidos y 300.000 euros a la fabricación y distribución de la documentación electoral.

Con la fecha prevista para la publicación de la ley, y dado el carácter inhábil de agosto y con los plazos para que el Tribunal Constitucional le comunique la suspensión y para sus alegaciones, el Gobierno vasco ganaría más de un mes, y tendría hasta principios de septiembre para enviarlas.

Su intención es aproximar lo más posible el pronunciamiento del Constitucional -para el que éste tiene cinco meses- a la fecha que al Gobierno vasco le conviene para disolver el Parlamento, aunque cuenta con que el Alto Tribunal no agote su plazo.

Fue la propia vicelehendakari quien compareció ayer al término de la reunión del Ejecutivo. Zenarruzabeitia guardó silencio sobre la fecha en que la ley aparecerá en el Boletín Oficial, de la que el Gobierno vasco ha hecho un secreto, e ironizó sobre el interés "inusitado" que despierta. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó, nada más conocerse el acuerdo, que serán "cinco millones que el Gobierno vasco se va a ahorrar, porque no va a haber consulta".

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz popular en el Congreso, que interpondrá un recurso añadido al del Gobierno, recriminó al Ejecutivo de Ibarretxe por su "prisa" en hacer la provisión presupuestaria, mientras retrasa la publicación de la ley e impide con ello que "50 diputados del Grupo Popular puedan ejercer su derecho constitucional a recurrir una consulta inconstitucional e ilegal".