Miles de alumnos piden matrícula de Ciudadanía en una lengua oficial

Prácticamente todos los alumnos que hasta ayer ya habían formalizado su matrícula para cursar 2º de ESO en septiembre en 150 institutos públicos (de los 358 que hay) reclaman a la Generalitat su derecho a estudiar la materia de Educación para la Ciudadanía en una de las dos lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana: el valenciano y el castellano.

"¿Cómo se puede imponer inglés en un curso con el 35% de fracaso escolar?"

Y se niegan a hacerlo en inglés, como impone la orden autonómica firmada por el presidente Francisco Camps, que ya ha sido recurrida por CC OO, el STEPV, UGT y el Gobierno. A través de una instancia elaborada por la Confederación de Padres de la Escuela Pública Gonzalo Anaya, también exigen su derecho a aprender el temario aprobado por el Ministerio de Educación para toda España; y rechazan la "opción B", redactada en comunión con la Confederación de Padres Católicos, que garantiza a las familias que objetan el curriculo del Gobierno tutelar desde casa lo que deben o no estudiar sus hijos.

Las familias de los aproximadamente 12.000 alumnos matriculados hasta ahora en segundo de ESO en centros públicos advierten de que no cejarán en su empeño hasta que "se respeten sus derechos fundamentales a estudiar en las lenguas vehiculares reconocidas constitucionalmente", resumió ayer la vicepresidenta de la Confederación Gonzalo Anaya, Gemma Piqué, en rueda de prensa con todos los sindicatos del sector público. "El inglés no es una lengua vehicular reconocida para impartir íntegramente las enseñanzas regladas destinadas a la obtención del título. Una materia se puede dar en inglés de forma voluntaria y a petición de los centros, según la normativa estatal y autonómica vigente; pero no imponer", zanjó Piqué. Es el mismo argumento defendido el viernes, sin éxito, por la Asociación de Directores ante la secretaria autonómica, Concha Gómez.

"La orden está para cumplirla. Lo demás es insumisión", insistió Gómez. "El PP se opuso a la asignatura y ahora defiende el derecho de las familias a objetarla"."¿Que si la opción B defiende la opción de los padres objetores? Sí. El PP era contrario a esta asignatura y así se lo dijimos al Gobierno. Pero no nos escucharon y ahora tenemos estos problemas", se respondió a sí misma Concha Gómez, agobiada por las preguntas sobre el posible "trato de favor" y la "discriminación de la Administración en favor de la opción de los padres que no quieren que estudien determinados temas que consideran muy sensibles". "Todos tenemos derechos, los padres de una determinada ideología y los que objetan, el Consell los trata a todos por igual", dijo la secretaria autonómica de Educación.

La igualdad de derechos y trato no pasa, según Gómez, por la posibilidad de atender las reclamaciones de las familias de la escuela pública que exigen "su derecho fundamental a estudiar en las lenguas vehiculares reconocidas oficialmente". No autorizará la matrícula en valenciano o en castellano. Ni cederá en su empeño por imponer el inglés como idioma vehicular de Educación para la Ciudadanía. Visiblemente molesta con todo aquel que trate de salirse de la hoja de ruta política del Consell, advirtió: "No sé si hemos entendido cómo funciona un Estado de Derecho. Mientras no haya un pronunciamiento judicial, todo lo que no sea cumplir la norma es insumisión".

Gemma Piqué, vicepresidenta de los padres de la escuela pública le recordó que "es totalmente lícito pedir que se imparta Ciudadanía en las dos leguas oficiales porque así lo recogen la Ley Orgánica de Educación 2/2006 y el Decreto 112/2007 de la consejería". Y la acusó de azuzar la "división de las familias" y "perjudicar la imagen de la escuela pública" como si fuera la promotora de la objeción. En la misma dirección, Vicent Mauri, del STEPV, denunció que "el PP es el que alienta el movimiento de padres contrario a la asignatura y da cobertura legal a familias de ideología conservadora".

Manolo Picó de CC OO, Guillermo Martí, de Fete-UGT, y Mauri coincidieron en que "la suspensión cautelar" que han pedido es porque consideran que la postura del Consell "es un sabotaje político" a la ley estatal. "Se llega al extremo de dar cobertura a familias de cierta ideología, que dentro de un año pueden plantear suprimir materias como Filosofía o Biología, si son consideradas injerencias en la educación de sus hijos".

Picó advirtió de que "en ciertos centros privados y concertados provocará un enfrentamiento entre los padres que elijan el temario oficial y los de la opción B, porque siguen siendo objetores de la materia". Martí remató que toda la orden es "una cortina de humo para tapar los 1.300 barracones del sistema público, la masificación y los 22 colegios que deberían estar construidos para escolarizar a 11.000 inmigrantes, lo que supone 500 unidades más que aún falta por hacer". "¿Cómo puedes imponer el inglés en 2º de ESO, en un nivel con una tasa de fracaso escolar del 35%?", se preguntó.