El copago dificulta el acuerdo sobre la futura ley de Servicios Sociales

Aún no ha empezado el debate, pero al proyecto de ley de Servicios Sociales se le puede augurar un duro recorrido en el Parlamento. Después de una exhaustiva lectura del texto remitido por el Gobierno, el PSE anuncia una fuerte oposición, centrada, sobre todo, en intentar conseguir que se suavice el copago, es decir, la parte de las prestaciones que debe pagar el ciudadano. Los socialistas han "descubierto" dentro del proyecto de ley y en el apartado correspondiente al copago aspectos que consideran que deben ser "revocados".

La ley catalana y la de Dependencia sólo contemplan los bienes personales

De lo contrario, "el acuerdo es imposible", anuncia Gemma Zabaleta, portavoz en asuntos sociales del PSE, cuyo respaldo es esencial para que salga adelante el proyecto. En concreto, Zabaleta se refiere al punto cuatro del artículo 56, dedicado a la participación económica de los usuarios en el pago de los servicios. El punto dice lo siguiente: "Con el fin de determinar la participación de las personas usuarias y, en su caso, de las personas obligadas legalmente a prestarles asistencia, en la financiación de las prestaciones y servicios....". El texto, según la parlamentaria, resulta "profundamente negativo", porque el pago "ya no sólo depende del usuario, sino que se hace cargo de él a la familia". "No sólo se tendrán en cuenta los bienes de los usuarios, sino que se van a contabilizar también los de sus familiares, que a lo mejor no los tienen a su cargo".

Para Zabaleta, este criterio resulta contradictorio con la recientemente aprobada Ley de Complemento de Pensiones, con la que se complementan los subsidios más bajos hasta llegar al 100% del Salario Mínimo Interprofesional. (SMI). "Son dos discursos antagónicos. El principio que sustenta la Ley de Complemento de Pensiones aísla al pensionista del resto de la familia a la hora de hacer el cómputo de sus bienes. Lo que significa, que a la hora de cobrar el complemento sólo se tienen en cuenta sus ingresos, y no los de ningún otro familiar, aunque residan bajo el mismo techo. Eso es lo que defendemos".

En la Ley de Servicios Sociales de Cataluña, aprobada el pasado mes de diciembre, al abordar el copago, no se hace referencia a la obligación que tienen los familiares del usuario. En todo momento se refiere en exclusiva a los beneficiarios directos de los servicios de asistencia pública. Algo similar ocurre con la Ley de Dependencia. En su artículo 33 establece: "Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal". Para los socialistas, se trata de "un punto de conflicto muy importante. La financiación del sistema de servicios sociales es una cuestión clave".

Junto a la participación o no de los familiares, otro asunto en el que saltarán chispas es el que se refiere al reconocimiento de deuda. Para los socialistas resulta un concepto "regresivo". Cuando comenzó a negociarse el anteproyecto de ley, las diputaciones de Vizcaya y Álava querían mantener el reconocimiento de deuda que venían aplicando (Guipúzcoa no lo hace). El departamento de Madrazo pretendía, en cambio, que la vivienda habitual quedara excluida. Al final, el Ejecutivo y las diputaciones alcanzaron un acuerdo, que es el que recoge el proyecto de ley: la vivienda principal figurará entre los bienes reclamables, pero siempre que no sobrepase un determinado valor, calculado con datos oficiales. La tasación se revisará cada cierto tiempo para que se ajuste a la realidad del mercado.

Por ejemplo, si se establece que el precio medio de una vivienda-tipo es de 250.000 euros, las diputaciones no podrán reclamar los pisos que valgan menos que esa cantidad. Y cuando las casas fueran más caras, sólo podrán demandar contando a partir de los 250.000 euros. De esta forma se suaviza el impacto del reconocimiento de deuda sobre los herederos.