Turquía en el filo

La ofensiva impulsada por jueces y generales turcos contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha alcanzado un punto álgido. A la vez que el Tribunal Constitucional comienza a ver el caso contra el partido gobernante, Justicia y Desarrollo (AKP), al que el fiscal acusa de querer islamizar Turquía, la policía ha detenido a una veintena de prominentes laicistas, entre ellos, dos generales retirados, a los que acusa de preparar un golpe gradual contra el Ejecutivo. Si prospera la tesis de la fiscalía, motivada por la decisión parlamentaria de permitir a las mujeres tocarse con el velo musulmán en las universidades públicas, el AKP sería disuelto e inhabilitados por cinco años sus dirigentes, incluido el primer ministro Erdogan y el presidente de la República, Abdulá Gül.

No hay inocentes en la grave crisis constitucional turca, de muy serias implicaciones no sólo para el país asiático, sino también para Europa y más allá. Pero sí hay un lado donde se halla la mayor parte de la razón, y es el del Gobierno centroderechista de Erdogan, pese a que haya utilizado con avidez su poder para cubrir puestos clave con conservadores de antecedentes confesionales o haya impulsado a la jefatura del Estado a alguien de tan dudosa neutralidad como Gül. Frente a ese Ejecutivo por dos veces elegido, impulsor de una agenda moderadamente islamista, que ha cambiado en seis años el paisaje político del país y ha conseguido importantes logros económicos y democratizadores, se alza la ofensiva judicial en marcha, en connivencia con unos militares que representan una casta intocable, como lo demuestra la conmoción causada por la detención de dos de sus mandos. En la Turquía musulmana pero constitucionalmente laica, la élite que se considera guardiana de las esencias de estricta separación entre la religión y el Estado legadas por Atatürk sigue sin digerir la toma del poder parlamentario por parte de un partido, el AKP, de raíces rurales y confesionales.

No habrá decisión del Tribunal Constitucional al menos hasta el mes próximo. Pero si los jueces acaban disolviendo el partido gobernante, la única salida serán las elecciones anticipadas, a las que el AKP concurrirá bajo una nueva identidad y quizá con sus actuales dirigentes trabajando en la sombra. Semejante escenario, probable por surrealista que parezca, haría retroceder a Turquía una década en su modernización y en sus aspiraciones europeístas.