Un juzgado de Ferrol investiga el naufragio del 'Cordero'

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol admitió a trámite la querella criminal interpuesta por la CIG diez semanas después del naufragio del Cordero frente al litoral ferrolano con ocho tripulantes a bordo en la madrugada del 15 de enero. Tres marineros sobrevivieron y cinco perecieron en el mar. El responsable de la CIG Mar, Xavier Aboi, precisó ayer que este tribunal ferrolano ya se inhibió en favor de la sala instructora número 2, de guardia la noche de la tragedia y al que compete la instrucción de la causa.

Por las irregularidades y retrasos que se produjeron aquella madrugada en el operativo de rescate, la CIG señala a siete altos cargos de la Marina Mercante -adscrita al Ministerio de Fomento- y a dos empresas: Helicsa y Remasa (de helicópteros y remolques marítimos) como responsables de un posible delito de "homicidio imprudente por omisión y contra los derechos de los trabajadores". Aboi insistió ayer en que los fallos en el operativo de Salvamento tienen responsables "con nombres y apellidos". "No cuestionamos la profesionalidad de los pilotos ni de los tripulantes de las lanchas. Cuestionamos los procedimientos y las decisiones de aquellos que dieron las órdenes" manifestó este responsable de la CIG Mar.

Cargos señalados

Entre los altos cargos que la CIG señala como responsables figuran dirigentes de la Marina Mercante durante la catástrofe del Prestige, en noviembre del 2002, como Francisco Suárez-Llanos, subdirector general de Seguridad Marítima, y los directores del Operaciones de Sasemar y del Centro Nacional de Coordinación del Salvamento Marítimo. Acusan a Felipe Martínez, director general de la Marina Mercante; Alfredo de la Torre, subdirector general de Calidad; Pilar Tejo, directora general de Sasemar y Fernando Palao, secretario general de Transportes.

En la querella, presentada el 28 de marzo, la central nacionalista también arremete contra la empresa pública Remasa, y contra el presidente del Consejo de Administración de la compañía Helicsa, Fernando Novoa. El escrito remitido por la CIG a los juzgado de la ciudad naval enumera las diligencias a practicar para obtener "todos los documentos necesarios para esclarecer lo que pasó" como los diarios y registros telefónicos cronológicos de lo que ocurrió durante la madrugada del naufragio.