Estado aconfesional sólo a medias

"Ninguna confesión tendrá carácter estatal", dice el artículo 16.3 de la Constitución de 1978, antes de ordenar a los poderes públicos que mantengan "las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones". Treinta años después, la realidad es que el Ministerio de Hacienda ingresa cada mes en una cuenta de la Conferencia Episcopal los salarios para obispos y sacerdotes (en 2008, 153,1 millones de euros, un 34% más que el año anterior); paga a 15.000 profesores para que enseñen religión y moral católicas en la escuela pública; mantiene a un millar de capellanes en cárceles, hospitales y cuarteles, en este último caso al mando de un obispo con grado de general de división, y subvenciona con unos 4.000 millones las actividades educativas, de caridad y de asistencia social católicas. En cambio, las otras confesiones de notorio arraigo en España, el islam, los protestantes, los judíos, que suman más de tres millones de fieles, se repartieron apenas tres millones el año pasado, con la condición de no gastarlo en culto o clero.

Otro símbolo de confesionalidad es la celebración de funerales católicos llamados de Estado y la presencia institucional de autoridades en procesiones o actos religiosos festivos. Incluso la reciente promesa de sus cargos ante el Rey por el presidente y los ministros socialistas se hizo ante la Biblia y un crucifijo. Ocurrió en el palacio de la Zarzuela. Ningún otro alto cargo del Estado -presidentes y consejeros autonómicos, alcaldes y concejales, delegados del Gobierno- pasa por ese trance en el resto de España.