Bilbao retira las ayuda sociales a 306 beneficiarios por irregularidades y fraude

En los seis primeros meses de vigencia de la mano dura que Iñaki Azkuna blandió para declarar la guerra a los tramposos, el Ayuntamiento de Bilbao ha retirado a 306 beneficiarios las prestaciones sociales que venían percibiendo. El motivo, las irregularidades y el fraude detectados por el negociado de Control e Inspección, creado a primeros de 2008.

Los 306 casos de irregularidades y fraude afloraron tras el estudio de los 489 expedientes que Control e Inspección abrió por supuesta irregularidad. Es decir, en el 63% de los casos se confirmaron sus sospechas. Un 30% de estas prestaciones dudosas siguen bajo investigación, mientras que en el 7% restante no se detectó deficiencia alguna. Los expedientes fueron abiertos tanto de oficio como a partir de denuncias externas. "Nuestro objetivo es triple: canalizar todas las denuncias sobre posibles fraudes, proponer mejoras en los servicios prestados, y crear una labor de apoyo y seguimiento a toda persona que perciba ayudas", declaró el concejal de Acción Social, Ricardo Barkala. "Tenemos el compromiso de garantizar la ayuda a quien verdaderamente la necesita", apuntó. 12.000 bilbaínos son actualmente receptores de ayudas de renta básica, y otros 8.000 se benefician de ayudas de emergencia social.

El endurecimiento está en sintonía con la mano dura que anuncia Lakua

De los 62 casos de renta básica investigados, 46 se saldaron con la solicitud de suspensión de dicha prestación a la Diputación de Vizcaya por "incumplir la normativa y por disponer de ingresos no declarados con anterioridad", según fuentes municipales. También se retiraron 8 de las 21 AES (Ayudas de Emergencia Social) analizadas.

El alcalde, Iñaki Azkuna, anunció a finales de 2007 que Bilbao reforzaría el control del gasto social con el fin de erradicar ciertos "abusos" detectados entre perceptores. Para ello, el Área de Acción Social actuó en tres direcciones: observar si los usuarios de renta básica realmente se esfuerzan por integrarse en el mercado laboral, inspeccionar las casas de los receptores para constatar que el dinero concedido se destinaba al fin solicitado (la compra de una lavadora, por ejemplo) y cruzar con otras administraciones los datos patrimoniales de los beneficiarios. Estas actuaciones permitieron la detección y suspensión de 306 casos fraudulentos en medio año, con el consiguiente ahorro.

Esta mano dura blandida por Azkuna está en sintonía con el proyecto de ley de Garantía de Ingresos y de Exclusión Social que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes, ley que endurecerá las condiciones para acceder a la renta básica, cuya percepción quedará vinculada directamente a la búsqueda activa de empleo.