El 'caso Atutxa' llega a su recta final tras denegarse la suspensión de la condena

Cinco años después, el principal caso de enfrentamiento reciente entre dos poderes en España -el Parlamento vasco y el Tribunal Supremo- toca prácticamente a su fin. La sentencia por el caso Atutxa, la negativa del anterior presidente de la Cámara legislativa, Juan María Atutxa, y de sus entonces compañeros de Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB) a disolver en 2003 el grupo parlamentario heredero de la ilegalizada Batasuna, se va a ejecutar.

El Constitucional debe resolver un recurso sobre la suspensión

Kontxi Bilbao (EB) tendrá que dejar en breve su puesto de parlamentaria

La inhabilitación es de 18 meses para Atutxa y un año para Knörr y Bilbao

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia -Pablo Sesma, Javier Murgoitio y Juan Carlos Iturri- que juzgaron a los tres acusados rechazaron ayer la penúltima carta que tenía en sus manos la defensa de los condenados: el recurso de súplica presentado el pasado 24 de junio contra la decisión de ejecutar una sentencia, ya firme, que condenó por desobediencia el pasado 21 de enero a Atutxa, Knörr y Bilbao a penas de inhabilitación y a diversas multas. En concreto, el Tribunal Supremo impuso a Atutxa 18 meses de inhabilitación especial y seis meses de multa a razón de 100 euros diarios, y a sus compañeros de Mesa un año de inhabilitación especial y cuatro meses de multa con la misma cuantía.

Esta sentencia es firme desde el pasado 27 de mayo. Ahora toca ejecutar las penas impuestas.

Como era previsible, el Tribunal Superior rechazó el miércoles el recurso de súplica interpuesto por el abogado de los acusados, Alberto Figueroa, contra la decisión anterior de rechazar la suspensión de la condena.

El argumento es la falta de competencia para resolver una suspensión que únicamente puede adoptar el Tribunal Constitucional. Esa es, precisamente, la última baza, pendiente aún de ser resuelta por el Constitucional, que puede evitar la ejecución de la condena dictada por el Supremo. El pasado 17 de junio, la defensa presentó, además, un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en el que se apremiaba a los magistrados encargados del caso para que resolvieran el recurso en el que se solicitaba la suspensión de la ejecución de la condena. La respuesta aún sigue pendiente.

Con todo, la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo no fue pacífica, porque rescribía de hecho la doctrina Botín sobre la imposibilidad de que la acción popular pueda en solitario mantener una acusación en una causa en la que la fiscalía y las acusaciones particulares no participen como acusadores.

La segunda resolución notificada ayer a las partes por parte del alto tribunal vasco pone en marcha la ejecución de la sentencia. Aunque el auto puede ser recurrido en los próximos tres días, el tribunal se pone ya a la tarea. Aclarado por el Supremo en abril pasado que la condena de inhabilitación especial afecta únicamente a "la privación de cargo de parlamentario" y a la "incapacidad para obtener ese mismo cargo durante el tiempo de la condena", el tribunal ordena a la Presidencia de la Cámara vasca que indique la fecha en la que Kontxi Bilbao "cesa en los empleos, cargos y honores inherentes al cargo de parlamentario".

La diputada de Ezker Batua,que hoy valorará en el Parlamento de Vitoria la última decisión judicial en esta causa, es la única de las tres personas condenadas que sigue en activo en la política. El tribunal comunica a los otros dos condenados que "comienzan a cumplir la pena de inhabilitación especial" y hace extensiva esa comunicación a la Junta Electoral del País Vasco.

El auto anuncia también a los tres condenados que tienen que hacer "efectiva la multa que a cada uno de ellos se les impuso en esta causa en el plazo de 15 días desde la notificación" del citado auto. La resolución judicial, que puede ser aún recurrida en súplica ante el mismo tribunal, fue notificada ayer a las partes, según confirmaron fuentes cercanas al tribunal. Finalmente, el tribunal ordena también que se remita una notificación al Registro Central de Penados y Rebeldes para que los tres condenados queden incluidos en él.