Cada gallego tendrá un asistente social de cabecera para garantizar su atención

La Xunta dio ayer el primer paso para "universalizar los servicios sociales y lograr que, como la Sanidad, se conviertan en derechos para todos los gallegos". En la presentación del proyecto de Lei Galega de Servizos Sociais, el presidente del Ejecutivo autónomo, Emilio Pérez Touriño, destacó que el texto, cuando esté en vigor, "desterrará el modelo asistencial para buscar una nueva gestión del bienestar". La norma contempla una tarjeta personal por ciudadano, un expediente único y un profesional de referencia asignado a cada usuario, similar al médico de cabecera y que "será responsable de que el itinerario de intervenciones esté dotado de la máxima coherencia".

El Gobierno prevé cobrar un "precio público" por algunos servicios

Aunque el catálogo de servicios todavía no ha sido detallado por la Administración, fuentes de la Xunta explican que englobará las prestaciones a dependientes, menores, mujeres, personas de la tercera edad o en riesgo de exclusión y demás ayudas a colectivos desfavorecidos. Entre los servicios figuran centros de día, residencias de mayores y otras infraestructuras que podrán ser gestionadas por instituciones públicas en régimen directo o concertado y también por el sector privado.

La fórmula, similar a la que utiliza la sanidad pública, no será, sin embargo, totalmente gratuita como el Sergas, sino que en el capítulo de financiación contempla la "contribución de los usuarios al coste de los servicios mediante el abono de precios públicos, sin prejuicio de aplicar criterios de progresividad". El Gobierno gallego establece, no obstante, que "en ningún caso [el cobro de una tarifa significará que] una persona pueda quedar excluida de recibir un servicio por insuficiencia de medios económicos".

La norma consagra de este modo la universalización de los derechos que podrán ser reclamados por todos los ciudadanos y que coordinará la Axencia Galega de Servicios Sociais, "encargada de propiciar una gestión más ágil y eficiente de los recursos públicos". Éstos beneficiarán por igual a los ciudadanos de la Unión Europea e inmigrantes empadronados en la comunidad; a los gallegos residentes fuera y a su descendencia cuando, estando necesitados de atención, les sirvan como medio para su retorno definitivo; y a aquellas personas que se encuentren en situación de emergencia social o humanitaria, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre extranjería.

Para desarrollar toda la ayuda, el Gobierno autónomo diseñará un mapa gallego que dividirá el territorio en "áreas sociales", desde las que se planificará la distribución equilibrada de los recursos y que servirán para garantizar la igualdad en el acceso a las prestaciones.

La futura ley contempla la creación del Consello Galego de Benestar, que reunirá a la Federación Galega de Municipios e Provincias, sindicatos y organizaciones empresariales, colegios profesionales y asociaciones de usuarios. En el capítulo de sanciones, el Ejecutivo se reserva la potestad de multar con hasta 600.000 euros a quienes cometan infracciones muy graves.

Touriño calificó el proyecto aprobado ayer en el Consello de la Xunta como "el más importante de la legislatura en materia social", aunque evitó explicar el coste que para la Xunta tendrá la aplicación de la norma cuando ésta entre en vigor.