El presidente de los municipios pide a Quintana que se disculpe

El proyecto de ley aprobado ayer por el Consello de la Xunta fue recibido como una victoria por los alcaldes en su pulso con Vicepresidencia sobre el modelo de financiación de los servicios sociales. A pesar de que el departamento de Quintana pretendía obligar a los ayuntamientos a aportar un mínimo de sus presupuestos al gasto social que variaba entre el 7% para los de más de 20.000 habitantes y el 2% para el resto, esa imposición ha desaparecido del texto aprobado ayer y que ya fue supervisado por el Consello Consultivo y el Consello Económico e Social. En su parte dispositiva, la que establece deberes, el anteproyecto no contempla aportaciones obligatorias de los ayuntamientos para costear residencias, centros de día y demás servicios sociales.

Así, la idea inicial de Vicepresidencia de corresponsabilizar en el gasto a los municipios se ha quedado en una declaración de intenciones contenida en el preámbulo. Lo estipulado por la norma en su parte dispositiva es lo mismo que desde el principio de la tramitación de la ley ha reclamado la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), partidaria de establecer "líneas políticas o intenciones", pero no de que una Administración pueda imponerle a los alcaldes en qué deben gastar sus fondos.

Fuentes de Vicepresidencia explicaron que la renuncia a incluir la obligación en el preámbulo "es una muestra del talante negociador de Quintana" y añadieron que en todo caso "compromete a las distintas instituciones, que tendrán un plazo de seis años para invertir ese mínimo en servicios sociais".

La lectura de los municipios es radicalmente opuesta, según afirmó ayer el presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández, quien recalcó que los ayuntamientos "han ganado la batalla del 7%". Fernández aseguró además que el vicepresidente Quintana debería ahora "pedir disculpas a la Fegamp" por acusarla de actuar como un ariete político contra los departamentos de la Xunta que gobierna el BNG. "Quienes intentaron situar a los alcaldes en posiciones complicadas han quedado desautorizados, deberían revisar las hemerotecas porque nadie nos puede dar lecciones en servicios sociales. Se dijo que sólo pensábamos en el ladrillo y ahora se demuestra que eso era demagogia", subrayó Fernández, quien recordó que los servicios jurídicos de la Fegamp ya habían advertido sobre la dudosa legalidad de la norma.

El capítulo de financiación de la futura ley establece además que "la atribución a las entidades locales de competencias de titularidad autonómica deberá ir acompañada de la transferencia de medios económicos, materiales y personales que resulten necesarios para su adecuado ejercicio". El mismo título aborda la contribución de los usuarios al sistema mediante el abono de "precios públicos".