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El Gobierno asume los puntos de encuentro para hijos de separados

Guipúzcoa estuvo a punto de cerrarlos por falta de ayuda

Por fin, el Gobierno ha aprobado un decreto para regular los puntos de encuentro para hijos de padres separados. Ocho años después de que el Parlamento se lo demandara por unanimidad y cuando han estado a punto de cerrar los pisos de Irún y San Sebastián por la falta de ayudas públicas y el "desamparo institucional", el Gobierno ha decidido asumir los puntos de encuentro como un servicio público y terminar con los vaivenes y la inseguridad en la que se estaban moviendo.

En la actualidad, hay siete centros de este tipo en la comunidad autónoma. Tres en Vizcaya, gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro por medio de convenios con los ayuntamientos de Portugalete y Bilbao y la Diputación de Vizcaya; dos en Álava que funcionan con la misma fórmula, auspiciada por el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava; y otros dos en Guipúzcoa, que no cuentan con ningún convenio. Precisamente, la ausencia de ese acuerdo con alguna institución ha llevado a éstos una situación límite, resuelta in extremis por el Gobierno cuando ya se había anunciado su cierre. El papel de estos puntos de encuentro es fundamental en los procesos de separaciones y divorcios, ya que son el lugar neutral donde los padres que no cuentan con la custodia de los hijos pueden acceder a visitas tuteladas por profesionales y donde se producen los intercambios de los pequeños entre los progenitores.

La nueva regulación concede un plazo de dos años a los siete centros que ahora funcionan para que se adapten a la nueva normativa. Al cabo de esos dos años, se verá la dimensión real del problema y si es necesario crear más pisos. Actualmente, entre 800 y 1.000 familias hacen uso de este servicio.

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, puntualizó que, al cabo de esos dos años, algunos de los centros podrán pasar a depender directamente del Gobierno o seguir con los convenios con los ayuntamientos, pero supervisados e incluso financiados desde el Ejecutivo. "Caben muchas fórmulas para adecuarse. Hay que ver cada caso. Lo importante es que, al estar el Gobierno detrás, la competencia ya no queda huérfana. Hay claridad y un marco de estabilidad. Todos tendrán a partir de ahora la referencia a seguir".

Consuegra apuntó que ahora se trata de "ir caminando hacia una homogeneización en protocolos y en formas de actuar" iguales para todos. El nuevo decreto establece que la utilización del punto de encuentro por parte de los padres tendrá carácter temporal, durante un periodo máximo de un año, prorrogable en función de la situación, mediante una resolución judicial. Sus servicios serán gratuitos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de julio de 2008