Competencia acusa a Vodafone, Movistar y Orange de pactar precios

A las compañías de telefonía móvil les crecen los enanos. A la tradicional crítica de que aplican tarifas abusivas que suscribe tanto la Comisión Europea como las asociaciones de consumidores (aunque no el Gobierno) se le suma ahora la de que pactan los precios.

Ésa es al menos la apreciación de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que ha remitido un informe a Movistar, Vodafone y Orange en la que les indica que ha constatado indicios de prácticas anticompetitivas en la concertación de precios por el reajuste tarifario que llevaron a cabo en marzo del año pasado, para adaptarse a la ley que prohibía la práctica del redondeo.

Las firmas creen injustificado el informe y remitirán alegaciones

El informe de la CNC, que recoge las conclusiones del expediente abierto por este organismo en octubre pasado, considera que las tres compañías pactaron la subida del establecimiento de llamada, lo que se paga simplemente por contactar con el interlocutor, y fijaron el mismo aumento, de 12 a 15 céntimos, para este concepto.

En sus primeras conclusiones, la dirección general de investigación de la CNC da la vuelta a uno de los principales argumentos que alegaron en su día las operadoras para demostrar que no hubo tal concertación, el de que los anuncios del reajuste tarifario no se habían hecho simultáneamente.

Así, la CNC estima que el hecho de que Movistar comunicara sus nuevas tarifas de establecimiento de llamada a aplicar el 1 de marzo, con antelación a las de las otras dos compañías, dio tiempo suficiente para que Orange y Vodafone pudieran imitarla, como así sucedió, según consta en el informe.

Las tres operadoras rechazaron ayer tajantemente las conclusiones del informe y señalaron que presentarán alegaciones, para lo que disponen de un plazo de 15 días. La CNC estudiará las mismas y presentará un informe definitivo, con la propuesta de sanción si así procede. La multa puede alcanzar el 10% de la facturación de las empresas. No obstante, Competencia jamás ha llegado a ese límite.

El expediente se abrió ante las denuncias de varias organizaciones de consumidores que consideraban que las compañías habían pactado esa subida para compensar la caída de ingresos que les suponía la prohibición del redondeo (facturación en bloque de minuto o medio minuto aunque las llamadas duren menos). Las operadoras afirmaron que el efecto de esta modificación era neutro, es decir, que ingresaban lo mismo antes y después del 1 de marzo, fecha en que entró en vigor la regulación.

El Gobierno encargó un informe a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que dictaminó que el reajuste no había supuesto una subida significativa de las tarifas, pero no se pronunció sobre un posible pacto de precios, alegando que este asunto no era de su competencia.

La indignación de las compañías por el informe del CNC era mayúscula. Desde Movistar, señalaron que la compañía "se limitó a adecuar sus tarifas a las exigencias de la Ley, comunicándoselas a sus clientes, consumidores y organismos sectoriales de acuerdo con las exigencias y plazos previstos en la normativa y siguiendo los procedimientos habituales".

Fuentes de Vodafone calificaron de "falsas" las conclusiones y recordaron que la Ley obliga a las operadoras a comunicar los cambios de tarifas con un mes de antelación y que esta comunicación viene marcada por las fechas en las que se factura, que no es igual para todos.

Un portavoz de Orange rechazó "absolutamente" las consideraciones del informe, que considera "injustificadas ya que no responden en absoluto a lo que realmente ha ocurrido".