El Gobierno endurece el acceso a la renta básica para evitar el fraude

El Gobierno vasco está dispuesto a garantizar la atención a los sectores más desfavorecidos, pero asegurándose de que tal apoyo no contribuya a prolongar su dependencia de forma indeseada. El consejero de Empleo, Justicia y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, recalcó ayer este mensaje tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del proyecto de ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social.

Con este texto se completa la revisión del marco en materia de protección y se reforma la Ley de Lucha contra la Exclusión Social, ajustándola a la actual realidad. Las condiciones para acceder a la renta básica, el elemento nuclear de las ayudas sociales, se endurecen y su percepción se vincula directamente a la búsqueda activa de empleo.

La renta básica seguirá dirigiéndose a las personas que carecen de recursos económicos. Su cuantía se fija en el 88% del Salario Mínimo Interprofesional (616 euros mensuales) y siempre irá acompañada del compromiso del perceptor de firmar un convenio de inclusión, por el que se compromete a seguir una formación para incorporarse al mercado de trabajo. Otro grupo que se puede beneficiar es el de los pensionistas que perciben los subsidios más bajos. En este caso, el salario social complementará las pensiones hasta que la suma de los dos ingresos alcance el 100% del SMI. El tercer colectivo es el de los ciudadanos que tienen un trabajo, pero su salario mensual no alcanza el importe de la renta básica.

La ley prevé que en el caso de familias monoparentales, a la renta básica se le sume otro subsidio económico. "Se trata de dar un tratamiento diferenciado a este tipo de familias".

Las principales novedades figuran en el apartado dedicado a los mecanismos de control. Se limita a dos años el periodo de concesión de la renta. Ahora no existía limitación y era de carácter indefinido. Tras la aprobación de la ley, se renovará cada dos años, previo informe de los servicios sociales de los ayuntamientos sobre la trayectoria del perceptor. Además, se realizará un control más riguroso para comprobar que el beneficiario busca de manera activa empleo. Negarse a suscribir un convenio de inclusión o rechazar un empleo serán causas directas de retirada de la ayuda. Ahora también es así, pero no había un control tan exhaustivo. "Se van a reforzar los sistemas informáticos y de coordinación con ayuntamientos y otros agentes implicados", anunció Azkarraga. El Gobierno intervendrá cuando lo considere oportuno en la concesión de las prestaciones, algo que actualmente es competencia en exclusiva de las diputaciones. Y se regulará el número máximo de perceptores de renta básica que pueden vivir en el mismo piso. Se hará de acuerdo a los metros cuadrados de la vivienda y el número de habitaciones.

El proyecto de ley también reordena las percepciones sociales al fijar un complemento específico de alquiler, con lo que devuelve a las Ayudas de Emergencia Social (AES) su carácter original. En estos momentos, el 80% de los perceptores de AES destina este dinero al pago del alquiler, pese a que su objetivo no es éste, sino afrontar gastos puntuales. El nuevo subsidio liberará de esta forma a las AES.