Un error del Ayuntamiento de la Vila anula la multa de 12 millones al Atrium

Aquella "sanción ejemplar" que el ex consejero de Territorio, Rafael Blasco, anunció para el Atrium Beach en La Vila Joiosa, ha quedado en nada. La empresa promotora del hotel no tendrá que pagar 12 millones de euros por haber construido el doble de lo autorizado, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Según anunció ayer la empresa promotora, Hotel Luna, SA, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo considera demostrado que la resolución del expediente que hizo el Consistorio durante el mandato del PP "no se ajusta a derecho", lo que "anula y deja sin efecto el acuerdo del Gobierno valenciano".

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, entonces gobernado por el PP, abrió expediente por infracción urbanística en septiembre de 2003 a raíz de dos accidentes laborales que destaparon que el complejo rebasa los límites autorizados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en esa zona del municipio, primera línea del mar. El expediente incluía una propuesta de multa de 12 millones de euros. La multa podía ser abonada por los tres responsables solidarios de la infracción: el promotor (Hotel Luna), el arquitecto (Jorge Sotelino y Jorge Trasandes) y el constructor (Cifra y Encogrado, SA). El PP tramitó el expediente al primero de ellos, aunque lo resolvió fuera de plazo, extremo que esgrime ahora el TSJ para declarar nula la sanción. Respecto a los expedientes abiertos contra los otros dos responsables, simplemente los dejó caducar. Cuando el nuevo gobierno municipal cuatripartito intentó, en junio de 2007, reactivar el proceso, ya habían prescrito los cuatro años de vigencia de la infracción.

La sanción que el Consell calificó como "ejemplar" ha quedado en nada

La construcción del Atrium se inició en 1999 con una licencia para diez alturas y 1.400 habitaciones. En septiembre de 2003, los mencionados accidentes laborales, con tres fallecidos, pusieron al descubierto que el inmueble tenía 22 plantas y 2.000 habitaciones y estaba fuera de ordenación. El 24 de septiembre de 2004 el Consell acordó imponer una sanción de 12 millones de euros. Entonces se tramitaba ya la nueva Ley Urbanística Valenciana, que perdonaba el pago de hasta un 95% de las sanciones a aquellos infractores que legalizaran su situación con un Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), aprobado en julio de 2005.

El PRIM, recurrido también por la empresa y pendiente de que el TSJ se pronuncie, contempló la cesión de 21.000 metros cuadrados al municipio, abonar 1,5 millones para obras públicas en La Cala, demoler 15.127 metros cuadrados y la sanción de 12 millones de euros.