Los directores de IES exigen garantías jurídicas al Consell para dar Ciudadanía

Los directores de instituto de la provincia de Valencia acordaron ayer, en un gesto insólito, exigir a la Generalitat que "firme por escrito una garantía jurídica de que impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés no vulnera el derecho de los usuarios a recibir esta asignatura en cualquiera de las dos lenguas oficiales reconocidas constitucionalmente". Asimismo, exigen "la misma garantía de que, al ofrecer la opción B de esta materia, no incumplen ninguna norma de rango superior". La orden valenciana -que está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva en 15 días la suspensión cautelar solicitada por CC OO- permite a las familias objetoras no cursar la asignatura de forma presencial, tutelar el temario de sus hijos y además ser evaluados de forma distinta al resto de materias, lo que podría vulnerar varios decretos. "Ante el conflicto normativo que plantea la orden, los directores tratan de proteger al profesorado de la posibilidad de que cualquier padre o madre pueda actuar jurídicamente contra nosotros para exigir sus derechos constitucionales", aclaró, al término de la asamblea, Vicent Bagueto, de la Asociación Profesional de Directores.

El consejero Alejandro Font de Mora respondió al envite, de inmediato, reafirmándose en su amenaza de sancionar al profesorado que se sume a la campaña de "desobediencia civil" emprendida por numerosos claustros escolares. "No hay otra posibilidad de cumplir la ley más que impartiendo la asignatura en inglés".

El instituto público Ballester Gozalbo de Valencia ratificó ayer, en un comunicado, la decisión acordada por el claustro el pasado 24 de junio de no dar la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, ni organizar la opción B de evaluación "para no ser cómplices de una medida injusta e ilegal, que no se ajusta a derecho". La dirección del centro reiteró, tras la asamblea de directores, que "el decreto de 2007 de la Generalitat establece que la consejería podrá autorizar la implantación de programas plurilingües previa solicitud del centro y tras incorporarlo a su proyecto educativo". Esta "condición" se recoge doblemente en la polémica orden de Ciudadanía que "reconoce la necesidad de que el centro solicite el programa plurilingüe".

Por tanto, la amenaza del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, de sancionar "sin empleo y sueldo" a los docentes que consumen la llamada "desobediencia civil" no tiene sentido. Ni base jurídica, advierte la dirección del IES Ballester Gozalbo.

"El consejero está en un Estado de derecho y lo único que puede ordenar es a su director general de Personal la apertura de expedientes disciplinarios, que tendrá que cumplimentar un instructor y que, si ha lugar, concluirán con una sanción que al final si acaba en los tribunales serán los jueces quienes sentencien si era correcta o no", puntualizó en la misma dirección Luis García Trapiello, experto en jurisprudencia del área educativa de CC OO.

"Desobediencia civil"

Tanto CC OO como el STEPV han dado "instrucciones" a las juntas directivas y a sus claustros para que "apliquen en sentido literal la legalidad del decreto de la Generalitat 2007". Y Vicent Mauri, del STEPV, defendió "el acuerdo [de ayer] de los directores de Secundaria de animar a los centros a impartir la asignatura de Ciudadanía en su opción A -la curricular- y en valenciano o castellano".

"Son decenas los claustros que se han pronunciado ya. Y esta oleada de desobediencia civil del profesorado y los centros está poniendo muy nervioso al consejero, que no ve otra opción más que la de amenazar", remató Mauri, que añadió: "El consejero no se atreve a dar las garantías jurídicas y por escrito de que la aplicación de su orden no vulnera ninguna norma superior, pero sí envía a la inspección a dar instrucciones a los centros para que asignen al profesorado, con independencia de que sepan o no inglés".