"Miembras' abrió el debate. Y eso vale para luchar por la igualdad"

El presidente del Gobierno marcó su primera legislatura con leyes pioneras en el terreno social; con avances en derechos como el matrimonio homosexual, contra la violencia de género, la ley de dependencia o la igualdad. Todo ello desató la beligerancia de una Iglesia que creyó ver amenazados los patrones de conducta que propugna, pero también enormes expectativas de llegar mucho más lejos.

Ha sido un pulso muy duro entre dos fuerzas opuestas, y hoy lo cierto es que el ritmo de cambios ha bajado. El PSOE de 2008 ya no habla de una nueva ley de plazos para avanzar en la ley del aborto ni de eutanasia, como el PSOE de 2004, y no tiene ningún plan para cambiar el marco establecido en 1978 de relaciones con la Iglesia, a pesar de la transformación rotunda que ha vivido la sociedad. Su medida estrella en este arranque de legislatura, la creación de un Ministerio de Igualdad, se ha visto satirizada por los equívocos de su titular, Bibiana Aído.

"El velo no tiene por qué ser discriminatorio. En España la convivencia se ha conseguido bastante bien sin regulación nacional. Hay un equilibrio positivo"

"Allí donde se deteriora la educación pública se sientan las bases para articular peor la convivencia con los inmigrantes. Me preocupa Madrid"

Pregunta. ¿Se apunta al "miembras y miembros" de la ministra Aído?; o, en otras palabras, ¿es el lenguaje un campo de batalla en el que librar la guerra de la igualdad?

Respuesta. Todos los campos son buenos para librar la batalla en favor de la igualdad, y es normal usar palabras que no responden a la norma de nuestra lengua para insinuar algo, para provocar. Es una técnica para fomentar debates que utilizan periodistas, escritores y alguna vez también responsables políticos. Porque ejemplos podría poner muchos.

P. ¿Cuáles?

R. Muchísimos, yo no voy a hacer propaganda a nadie, pero a veces se utilizan palabras que no están reconocidas deliberadamente para provocar el debate. Es un recurso.

P. Aceptemos que ha abierto el debate. Pero un Ministerio de Igualdad con sólo 43 millones de presupuesto, con una ministra tan poco experimentada y sin competencias más allá de una "transversalidad" tan difícil, ¿hasta qué punto no puede ser considerado a veces una broma para afrontar un desafío como la política de igualdad? ¿Cree que es suficiente?

R. Éste es un Gobierno que ha hecho la ley de igualdad más avanzada de Europa, la política más ambiciosa en la lucha contra la violencia de género; que ha tomado medidas para incrementar los derechos de maternidad y paternidad; que ha establecido compromisos en el ámbito de la cooperación al desarrollo con un enfoque de género; que por su credibilidad internacional en la defensa de la igualdad ha conseguido que una española, Inés Alberdi, esté al frente del organismo de la ONU correspondiente. Y que un Ministerio de Igualdad sea el garante en el Consejo de Ministros de la aplicación de las leyes, el que tiene que supervisar, vigilar, estimular, promover que todo el armazón normativo y que las decisiones que hemos tomado sobre igualdad se hagan realidad, me parece imprescindible y absolutamente necesario. Respeto las valoraciones despectivas, pero para mí [Bibiana Aído] merece el respeto de representar al Gobierno de España y de tener sus plenos derechos constitucionales para ser ministra, a pesar de tener 31 años y ser mujer.

P. ¿Cree que el velo puede ser discriminatorio?

R. Cualquier manifestación o expresión que pueda ser atentatoria contra los derechos fundamentales o comportamiento puede ser discriminatorio. El velo normalmente no tiene por qué entenderse como discriminatorio, y afortunadamente en nuestra sociedad, donde ya hay un número importante de personas de origen musulmán, la convivencia, sitio a sitio, con reglas articuladas de forma local -y no hemos buscado una regulación nacional-, se ha conseguido bastante bien. Hay un equilibrio bastante positivo.

P. Está hablando de una sociedad muy diferente de la de 1978, cuando se firmó el concordato con la Santa Sede. Hoy nos encontramos con más de un millón de musulmanes, cientos de miles de protestantes, budistas... La sociedad ha cambiado por completo, pero el concordato con la Iglesia no. ¿No cree que merece ya la pena situar la relación con la Iglesia a la altura de estos tiempos, de esta sociedad?

R. Al igual que he dicho que en materia de defensa de la lengua lo mejor es la Constitución, en las relaciones con la Iglesia tenemos que ir a la Constitución, que establece un Estado aconfesional y mandata a los poderes públicos a mantener una relación singular con la Iglesia católica, porque en España hay una mayoría de personas de confesión católica. La interpretación que se ha hecho de ese precepto constitucional es que exista un marco de acuerdo, de colaboración; así ha sido en toda la democracia, y el marco ha funcionado razonablemente. La mejor prueba es que ningún gobierno lo ha querido cambiar ni anular, y en esto debemos ser respetuosos con lo que se ha producido. Cuestión distinta, que está fuera de los acuerdos y en otro terreno, es que quien legisla es el Parlamento de la nación, y eso lo hemos demostrado claramente. Yo tengo una visión laica de la sociedad, creo que los comportamientos y costumbres se rigen por reglas civiles que nos marcamos los ciudadanos en democracia desde el respeto a la libertad religiosa. Por tanto, tenemos un marco jurídico razonable, más allá de que las relaciones hayan sido mejores o peores. No soy partidario de cambiarlo.

P. A pesar de que muchos miembros de su partido sí quieren cambiarlo.

R. Es así, aquí le doy la razón; reconozco que es un debate que hay de verdad en mi partido.

P. ¿Y cuál es su respuesta a esa demanda de cambios?

R. La Ley de Libertad Religiosa tiene 30 años y la realidad en España ha cambiado, hay que favorecer el pluralismo; ya hay muchos más creyentes de otras religiones y hay que reforzar la libertad de conciencia. Vamos a modificar la ley.

P. ¿Eso significa más religión?

R. Significa garantizar el derecho a todas las confesiones y a la libertad religiosa;ahí está también la grandeza de la democracia. Yo siempre me he declarado agnóstico, pero como demócrata sé lo que es un Estado de derecho, y mi obligación y mis principios son defender que todo el mundo pueda tener y practicar sus ideas religiosas.

P. ¿De qué va a hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, en los próximos días, y en qué términos?

R. Las conversaciones son siempre correctas. Las discrepancias vienen después en forma de manifiestos. Pero en el diálogo personal, las relaciones son correctas, y -esto no sé si forma parte de la diplomacia vaticana, que en la corta distancia siempre la practica muy bien- seguramente será una conversación respetuosa, por supuesto, y agradable. Veremos si las relaciones con la Conferencia Episcopal son adecuadas, las relaciones con el Vaticano; veremos cuáles son los planes en relación a las actividades del Vaticano y del Gobierno. En fin, las cosas que corresponden.

P. Tras la última exhibición de fuerza de los obispos contra el Gobierno, en diciembre éste anunció que haría frente a su ofensiva con firmeza. ¿A qué se refería? ¿Cómo le ha hecho frente?

R. A decirles que no tenían razón y a denunciar lo que fue una afirmación absolutamente injusta e injustificada en lo que afectaba al terrorismo. Y así lo hemos hecho saber en todos los ámbitos.

P. ¿Por qué no avanzar más en la cuestión del aborto, como prometió en 2004 y sus bases le están pidiendo? ¿Por qué se opone ahora a la ley de plazos, que cerraría los huecos legales por los que se ha colado la persecución a las mujeres que abortan?

R. Aquí también puede usted tener algo de razón. Tenemos un compromiso electoral, y es que vamos a iniciar una reflexión sobre el resultado de una ley que está en vigor desde hace 20 años. Y mientras tanto vamos a aprobar un decreto para reforzar la seguridad jurídica y el derecho a la intimidad de las mujeres que deciden abortar y de los profesionales que practican el aborto. Lo haremos en un plazo razonable de tiempo. Paralelamente, emprenderemos una reflexión sobre la ley. Ésta es una de las leyes sobre un tema sensible para la sociedad española que ha pervivido con un consenso tácito. La aprobó el Gobierno de Felipe González y no la modificó el Gobierno del PP, que pudo hacerlo durante ocho años. Por tanto, hemos de aproximarnos a la ley desde esa perspectiva. Sería deseable que cualquier modificación de la ley pudiera tener consenso. A ver si con este nuevo PP que dicen que hay, esto es posible.

P. El PP ha hecho suya la objeción a Educación para la Ciudadanía, es decir, el incumplimiento de la ley. ¿Cómo van a contestar a esto? ¿Van a suspender o hacer repetir a los niños? ¿O van a sentarse a negociar con el PP y la Iglesia?

R. Tendrá que aplicarse la ley. No sé si es fruto del PP de la legislatura pasada, pero es una de las cosas más poco comprensibles de la actitud del PP y de la derecha más integrista de este país. Estamos hablando de Educación para Ciudadanía, una asignatura que nace para forjar y trasladar valores de convivencia democrática, constitucionales, de respeto a derechos fundamentales y tolerancia. En definitiva, es una asignatura para reforzar la Constitución. Aquellos que he visto abrazar la Constitución hasta apretarla y ponerla en difíciles circunstancias, me sorprende que cuando incorporamos a nuestro sistema educativo una asignatura como ésta, puedan plantear esta reacción. La ley se tendrá que aplicar.

P. ¿Qué opinión le merece la condena a un locutor de la cadena Cope por injurias al alcalde de Madrid?

R. Respeto a la decisión judicial, y prudencia porque hay recurso. No vaya a ser que lo que digamos hoy...

P. ¿Cree que el PP estaba ideológicamente condicionado o secuestrado por esta emisora?

R No lo sé, sinceramente. Ese mundo de relaciones lo desconozco, no lo sé.

P. Estamos viendo cómo se forman guetos de inmigrantes en colegios públicos mientras casi no entran en los concertados con dinero público. ¿Qué opina de las cuotas de máximos de inmigrantes que quiere imponer Cataluña?

R. Puede tener dificultades de articulación. El método más razonable en los países que han conocido un proceso intenso de inmigración es que todo el sistema educativo, tanto los colegios públicos como los concertados privados, tenga el nivel de responsabilidad y de compromiso suficiente con la integración de niños inmigrantes. Es un problema al que el Gobierno ha tratado de dar respuesta en la LOE, pero las autonomías tienen una parte importante de competencias de gestión en la educación. Allí donde se deja deteriorar la educación pública se están sentando las bases para una sociedad que articula peor la convivencia, que pierde fibra ciudadana, fibra legal desde el punto de vista democrático, y tengo una preocupación profunda sobre lo que pasa en la Comunidad de Madrid con la educación pública, por ejemplo. Pero tenemos el sistema constitucional que tenemos, y son los ciudadanos de cada comunidad los que tienen que juzgar.

P. Pronto será hora de tomar una decisión en materia de energía nuclear. ¿Va a cerrar la central nuclear de Garoña en 2009, cuando corresponde, o prorrogará su vida útil? ¿Sigue inmune a las voces que defienden cada vez más las nucleares ante los precios de petróleo y el calentamiento?

R. De Garoña hablaremos en 2009, cuando toque, pero como en muchos otros terrenos de la vida pública, hay posiciones distintas. Tenemos un compromiso, y es respetar la vida útil de las centrales, salvo necesidades energéticas imperiosas, y no promover nuevos parques nucleares. Primero, porque la inversión en energía nuclear es carísima, véase lo que pasa en Finlandia. Segundo, si no hacemos ahora el esfuerzo que necesitamos en energías renovables, y para ello tenemos que sentir la necesidad, seguramente perderemos la oportunidad. Y la oportunidad para España de ser una potencia en energías renovables es única, porque tenemos un gran nivel de I+D, unas grandes condiciones y podemos hacerlo. Es una cuestión de voluntad de país, de esfuerzo de país y de Gobierno. Y tercero, que yo sepa, ningún partido político se ha manifestado a favor de incrementar el parque nuclear en España. Corríjame si me equivoco.

P. Hay voces dentro de la Comisión Europea, en su Gobierno, a favor.

R. Todo el mundo es sensible al debate, sí, pero nadie ha salido a decir, ni el PP ni nadie -y, por supuesto, en el PSOE no va a pasar-, que quiere más centrales nucleares. No hay ninguna propuesta en el Parlamento.

P. El ministro de Industria sí es más partidario.

R. Es un debate que está ahí y hay opiniones diferentes. El partido se ha pronunciado, hay un programa electoral y a todos nos obliga. -

La entrevista con el presidente del Gobierno ha sido realizada por el director de EL PAÍS, Javier Moreno; los subdirectores Berna González Harbour y José Manuel Romero; el redactor jefe Miguel Jiménez, y el corresponsal diplomático, Miguel González. Fotografía de Marisa Flórez y Gorka Lejarcegi