El convenio para demoler el hotel de Prasa en Estepona carece de tasación

Uno de los convenios urbanísticos sobre los que más se han interesado los policías que investigan la trama de corrupción en Estepona (Málaga) es, al mismo tiempo, uno de los más recientes y polémicos. Se trata del acuerdo que permitió la demolición del hotel Estepona Playa, una mole de siete plantas que la promotora cordobesa Prasa levantó algo más que en primera línea de playa: el inmueble invadía directamente el dominio público marítimo terrestre.

Los 90.000 euros que tenía una edil no pasaron por la tesorería municipal

El convenio con Prasa, firmado en noviembre de 2007, y el derribo inmediato de la estructura ilegal fue publicitado por el equipo de gobierno de Antonio Barrientos -actualmente en prisión- como un ejemplo de rigor urbanístico. Sin embargo, el convenio hacía aguas, a pesar de la gruesa capa de tecnicismos jurídico-arquitectónicos que sus redactores emplearon para dar al expediente un aspecto impecable. El arquitecto jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, ahora en libertad bajo fianza de 50.000 euros, no incluyó en el convenio una tasación para valorar los terrenos que iban a ser objeto del acuerdo entre Prasa y el Ayuntamiento. Este detalle, que puede parecer menor, se traduce en que en realidad se ignora el beneficio económico concreto que ha obtenido la empresa con el acuerdo.

El hotel Estepona Playa recibió la licencia de obras en junio de 1999. A los pocos meses se iniciaron los trabajos frente a la barriada de pescadores de la playa de La Rada. El 11 de julio de 2003, cuando el edificio era ya un esqueleto de hormigón de siete alturas sobre un solar de 3.569 metros cuadrados, la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente paralizó las obras porque parte de la estructura invadía el dominio marítimo terrestre, entre otros incumplimientos. Prasa obtuvo en los tribunales que el coste del derribo, 1,2 millones de euros, no saliera de su bolsillo. El convenio de noviembre estipulaba que sería la propia Dirección General de Costas la que correrá con el coste de la demolición.

Además, para compensar el lucro perdido por Prasa por no poder explotar el hotel ilegal, el Ayuntamiento acordó aumentar en 10.859 metros cuadrados de techo edificable el aprovechamiento de una parcela que Prasa posee en la playa de El Valerín. Esta modificación se incorporará al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, actualmente en redacción. En el informe que elaboró para dar validez al convenio, Ignacio De la Hoz escribe lo siguiente: "Las inversiones realizadas por Prasa en la construcción existente en el solar [el hotel] resultar equivalentes respecto del incremento de aprovechamiento a realizar en el futuro PGOU de Estepona". Para emitir este dictamen, el arquitecto jefe municipal no se apoya en ninguna tasación, peritaje o valoración, según el expediente del convenio.

El acuerdo urbanístico también recibió el visto bueno del redactor del PGOU esteponero, Enrique Bardají, y del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo, Andrés Flores. A este último la juez instructora de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona dejó en libertad provisional sin fianza.

Por otro lado, la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada del PSOE, reconoció ayer que los 90.000 euros intervenidos por la Policía en la sede de su concejalía no habían sido controlados por la Tesorería municipal. López aseguró que el dinero estaba custodiado en una caja fuerte de la concejalía y no en un cajón de su despacho, y afirmó que la cantidad correspondía al canon que los feriantes pagan al Ayuntamiento por el uso del suelo municipal para la feria que comienza el 1 de julio.