Expertos piden mejorar la financiación autonómica

¿Cuánto dinero recibirá Galicia en el futuro reparto autonómico? ¿Ingresará la Comunidad lo mismo por habitante que Cataluña o Andalucía? La futura reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) ha abierto un amplio debate sobre cómo se deberán abordar las demandas de las distintas regiones españolas. Para profundizar en ello, el Centro de Investigación Económica y Financiera de Caixa Galicia puso ayer su grano de arena con la presentación de un trabajo, realizado por los profesores Ángel de la Fuente y María Gundín, que analiza el modelo actual y lo compara con el de los países que más han descentralizado sus competencias: Canadá, Alemania, Australia y Estados Unidos.

Como conclusión principal, el estudio determina que la lógica del sistema, que tiende a igualar la capacidad de cada Comunidad para prestar los mismos servicios a los ciudadanos, responde a un principio constitucional que debe ser preservado en la reforma. Dicho esto, los autores explican cómo este objetivo de igualdad no se cumple en la práctica. Y lo hacen señalando, entre otras cosas, al Estatuto de Cataluña como uno de los elementos que lo hacen peligrar. A esto añaden la falta de transparencia que existe en la información que ofrecen las administraciones públicas sobre la estructura y los resultados del sistema de financiación territorial. "El sistema actual -señalan- contiene algunos elementos que permiten la existencia de disparidades muy significativas en niveles de financiación por habitante (...) lo que constituye una clara violación del principio de igualdad que sería deseable corregir".

El quid de la cuestión está en determinar qué necesidades de gasto tiene cada autonomía para lograr que, por ejemplo, cualquier ciudadano pueda acceder al sistema sanitario en las mismas condiciones que el resto, con independencia del lugar en donde viva.

Envejecimiento

En el sistema actual, el reparto se calcula en función de la población y otras características. Pero, según los autores, "la partida destinada a financiar los servicios sociales -que tanta importancia tiene en Galicia por el envejecimiento de la población- es excesivamente reducida", por lo que recomiendan "completar el actual criterio con otras variables, como el peligro de exclusión social".