Declara la hija de Javier Rojo
Durante la jornada de ayer, los agentes encargados de investigar la corrupción municipal en Estepona tomaron declaración en la comisaría a varias personas vinculadas al Ayuntamiento. Una de las primeras en ser escuchada en calidad de imputada fue Patricia Rojo, letrada del área de Urbanismo e hija de Javier Rojo, presidente del Senado. La abogada, entró y salió escoltada por la policía en un vehículo camuflado. No hizo declaraciones. Rojo fue contratada en 2005, y tras las elecciones de mayo de 2007, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, también imputado en la Operación Astapa, la nombró coordinadora del área.
También testificó ante los agentes el abogado Ignacio Pérez de Vargas, el mayor especialista en derecho administrativo y urbanístico de la ciudad. Pérez de Vargas, que fue interrogado durante ocho horas, asesora a las mayores empresas y está detrás de muchos de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, como Valle Romano o la urbanización de los terrenos de la llamada Herencia Nadal. El letrado no especificó si asistía como imputado o como testigo. "He salido más tranquilo de lo que entré", se limitó a decir a los periodistas.
El primer teniente de alcalde y actual alcalde accidental, el andalucista Rafael Montesinos, acudió a la comisaría por la tarde. A la salida, tras dos horas de cuestionario, Montesinos no precisó su situación procesal y apenas hizo un llamamiento a la "tranquilidad" de los funcionarios municipales, que según él, cobrarán la nómina normalmente a final de este mes.
Todas las personas citadas por la policía, tanto si lo hicieron previamente imputados por la juez Isabel Conejo o como testigos, declararán la semana que viene en los juzgados, informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El alto tribunal andaluz también contó que 16 de los 18 detenidos por el caso Astapa a los que la juez impuso una fianza la han abonado en el plazo fijado. El abogado Juan Simón ha solicitado que se reduzca su caución, de 300.000 y la edil Mariví López tiene de plazo hasta hoy.
En la jornada del martes prestó declaración Juan Carlos Gurrea, y no su hermano Aurelio, como informó ayer erróneamente este periódico.
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