Un técnico de Estepona cobraba 2.000 euros por cada tasación falsa

El ingeniero municipal de Estepona (Málaga) Xavier Wittmeur, encargado de la tasación oficial de las fincas de la localidad, recibía 2.000 euros todos aquellos meses en los que realizaba valoraciones a la baja de los terrenos que eran objeto de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y distintos promotores privados. Según fuentes judiciales, Wittmeur, actualmente en prisión provisional por la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona, elaboró tasaciones supuestamente falsas en 13 acuerdos para modificar la calificación urbanística de diferentes suelos de la ciudad vecina de Marbella.

En mayo de 2007 fue contratada una hermana del ex líder del PA

Wittmeur, acusado de falsedad en documento público, fraude y malversación, recibía los pagos de un modo poco discreto: directamente en su nómina. Cada mes en que presentaba una valoración supuestamente fraudulenta, en su nómina se ingresaban 2.000 euros en concepto de plus de productividad, según las mismas fuentes. En los meses en los que el Ayuntamiento no celebraba convenios urbanísticos o en los que Wittmeur no participaba, el ingeniero municipal no recibía ningún dinero extra. La Policía descubrió los pagos cotejando las hojas de nómina del empleado municipal con las fechas de los convenios en los que supuestamente presentó las peritaciones irregulares, que según fuentes judiciales fueron las que le llevaron a prisión por orden de la juez Isabel Conejo.

La diferencia entre la tasación oficial a la baja y el valor real de mercado de los terrenos objeto de convenio se utilizaba, según los investigadores, para el pago de comisiones a diferentes técnicos y políticos del Ayuntamiento.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en los registros de la Operación Astapa hallaron al menos 90.000 euros en metálico en un cajón del despacho de la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada cautelarmente del PSOE. Según fuentes judiciales, cuando fue arrestada, la edil aseguró a los agentes que la cantidad estaba destinada a sufragar actos de la próxima feria de Estepona, que se celebrará la semana que viene. Este periódico intentó, sin éxito, contactar ayer con la edil, que fue detenida el pasado 17 de junio junto a los también políticos socialistas, Antonio Barrientos, alcalde dimitido; Francisco Zamorano, concejal de Hacienda; Marisa Rodríguez, edil de Playas y Mariví López, concejal de Educación. También fueron arrestados los ediles del Partido Estepona (PES, ex gilistas) José Ignacio Crespo y Manuel Reina. De todos ellos, sólo Barrientos ha renunciado al acta de concejal hasta la fecha.

Asunción López, edil desde 2003, es actualmente segunda teniente de alcalde y hasta la suspensión de militancia, era miembro de la ejecutiva provincial del PSOE malagueño. Casada con el ex concejal Manuel Puertas, López asumió la portavocía del grupo municipal socialista en 2006, cuando fue destituido de ese cargo David Valadez, el concejal del PSOE que supuestamente puso a la justicia sobre la pista de la trama corrupta de Estepona. Tras ser puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros, Asunción López relató que en el momento de ser detenida, creyó que se trataba de un secuestro.

Fuentes cercanas a la investigación apuntaron al abogado Juan Simón García, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, como el hombre por el que pasaban todos los negocios que los empresarios, sobre todo de la promoción inmobiliaria, hacían con el ayuntamiento. Juan Simón García es sobrino y hombre de confianza de José Flores, jefe de gabinete de la Alcaldía esteponera, encarcelado por la Operación Astapa.

Cuando entró en vigor la normativa autonómica que impedía a los ayuntamientos utilizar para gastos corrientes o nóminas el dinero cobrado por convenios urbanísticos, Flores y Simón supuestamente idearon el sistema de reclamar a las empresas "donaciones voluntarias", a cambio de que sus expedientes avanzaran. Los investigadores creen que estas donaciones se hacían sin control ni fiscalización y servían para una triple financiación: la de los proyectos municipales, la de los partidos de la coalición de gobierno y la personal de los concejales imputados en la trama.

Según fuentes judiciales, Juan Simón se encargaba de recoger personalmente las donaciones de los promotores, que luego gestionaba su tío. El abogado acudía con mucha frecuencia al área de Urbanismo. "Entraba y salía del Ayuntamiento como Pedro por su casa", aseguran fuentes municipales.

Uno de los aspectos de la vida municipal esteponera que más ha llamado la atención a los agentes ha sido la contratación en el Ayuntamiento y en el entramado de empresas municipales de familiares, amigos y compañeros de partido de los concejales. Si el primer teniente de alcalde, el andalucista Rafael Montesinos, colocó a su hija como técnico de alta dirección en la empresa pública Turismo y Actividades Recreativas, con un sueldo mensual de 2.450 euros, en mayo de 2007, Ana María Álvarez Ortega, hermana del entonces secretario general del PA, Julián Álvarez, fue contratada con el mismo salario en la empresa Promoción y Comunicación Estepona SL.