Juez no muerde juez

La muerte de la pequeña Mari Luz a manos de un pederasta que circulaba en libertad habiendo sido condenado anteriormente tuvo el efecto añadido de desvelar en toda su crudeza las graves carencias estructurales y de funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Fue la omisión negligente de un juez en ejecutar la condena firme de dos años y seis meses que pesaba sobre el asesino por abusar de su propia hija la que desencadenó el escándalo. Pero lo grave del caso, efecto manifiesto de ciertas actuaciones judiciales, bien por omisión, bien por retrasos inadmisibles, es que puede terminar en una escandalosa dilución de responsabilidades, de modo que toda la culpa de lo sucedido sea del sistema judicial en abstracto y de nadie en concreto, es decir, sin responsabilidad del juez que cometió la omisión.

Por lo que ha trascendido del expediente abierto al juez que dejó pasar la ejecución de la condena que pesaba sobre el presunto asesino de Mari Luz, la comisión disciplinaria del Consejo del Poder Judicial parece inclinada a hacer una valoración meramente económica de su conducta. Para el órgano responsable de controlar la actuación de los jueces, ningún otro reproche merecería haber dejado de ejecutar una condena durante 17 meses, dando ocasión a reincidir con el asesinato de una niña, salvo el pago de una multa que no va más allá de 6.000 euros. Si así fuera, estaríamos ante un nuevo escándalo, no sólo por la escasa importancia que se otorga a un comportamiento judicial del que se derivaron fatales consecuencias, sino por el corporativismo que rezuma.

En el caso de Mari Luz, el Gobierno ha asumido al menos algunas de sus responsabilidades políticas, comprometiéndose a crear juzgados que aligeren la ejecución de las sentencias penales, especialmente las relativas a agresiones sexuales y al maltrato, y aceptando el mandato del Congreso para una reforma del Código Penal que endurezca las penas por agresión sexual a menores de manera más proporcionada a su gravedad. Pero en el ámbito judicial, que es donde se encuentran los protagonistas directos del desaguisado, no ha habido ni parece haber intención de asumir responsabilidades. Ni siquiera las de carácter institucional por parte del Consejo del Poder Judicial, del que dependen unos servicios de inspección que fueron incapaces de detectar el retraso en la ejecución de la condena del presunto asesino de Mari Luz pocos meses antes de su asesinato.

Los jueces son los jefes de la oficina judicial y responsables, para lo bueno y para lo malo, de lo que sucede en ellas. De sus errores y de su mal funcionamiento no son culpables los escasos medios ni los funcionarios a sus órdenes, aunque éstos tengan responsabilidades propias y compartidas. Al magistrado que tardó casi tres años en redactar la sentencia que condenó al presunto asesino de Mari Luz no se le ha podido exigir responsabilidades por haber prescrito su posible falta. Y al que demoró su ejecución se le pretende castigar con una multa. Todo un escándalo.