Los armadores se preparan para levantar el amarre de la flota

El fin del amarre de la flota de altura y gran altura está muy cerca. La Confederación Española de Pesca (Cepesca), que integra a la práctica totalidad del sector, celebrará esta tarde una asamblea en Madrid con la intención de desconvocar un paro que dura ya diez jornadas y que mantiene a varios cientos de buques -la mayoría gallegos- amarrados en puertos de 18 países. La patronal da por buenas, aunque con muchos matices, las medidas de choque presentadas ayer por la Comisión Europea a los ministros de los 27 Estados miembros y que, tras ser debatidas ayer en Consejo de Ministros, se tendrán que plasmar en una propuesta de Reglamento a principios de julio.

Javier Garat, secretario general de Cepesca, reconocía ayer desde Luxemburgo, lugar de celebración del Consejo, que la Comisión "ha hecho un esfuerzo en el último mes para plantear un plan que está en el límite de sus posibilidades". Este plan pasa por reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de los pescadores; incrementar el límite de ayudas de "minimis" (que pueden conceder los Estados miembro sin la vigilancia de Bruselas) hasta 100.000 euros por empresa y por financiar paradas temporales de urgencia por motivos económicos. España, Francia, Italia y Portugal han sido los países que más presión han hecho ante la Comisión por causa de esta crisis, que arrancó el pasado día 16 con protestas generalizadas por el alza del precio de los carburantes.

Garat, que también es vicepresidente de la Asociación de Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la UE (Europêche), considera, sin embargo, que muchas de sus reivindicaciones se van a quedar por el camino. Entre ellas figuran la rebaja de las cotizaciones sociales para las empresas (no sólo para los marineros) y la referida al límite de ayudas, que esperaban se aplicase a cada barco.

Oposición en bloque

Representantes de los armadores terminaron ayer con la sensación de que una minoría de bloqueo, formada por países del Norte de Europa, podría incluso llegar a poner límites a las propuestas del comisario de Pesca, Joe Borg. Por eso cargaron las tintas contra la actuación del Gobierno español. Para José Ramón Fuertes, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, "la ministra no ha estado al lado del sector", lo que provocará, según él, que tengan que "seguir reclamando ayudas estatales como las que están ofreciendo Francia, Italia y Portugal a sus pescadores, porque de Europa no van a venir".

Para el Gobierno español, las medidas debatidas ayer están "en la misma línea" de lo que reclamaban ministros de Agricultura de los países más beligerantes. Sí hubo unanimidad en la aprobación de la propuesta legislativa de la Comisión para impedir la pesca ilegal, no reglamentada y no regulada. Con ella se introducirá una lista negra de buques que practican pesca ilegal y a los que se les impedirá desembarcar sus productos en puertos europeos.

También se creará un certificado de captura obligatorio para garantizar que los productos pesqueros comercializados en la UE procedan de actividades legales, y un régimen sancionador duro para quienes lo incumplan. El control y vigilancia de la pesca ilegal es una de las asignaturas pendientes de la Europa de los 27.

Con el fin del amarre volverá a faenar el 100% de la flota de arrastre litoral, los pocos barcos de bajura que siguen en puerto, la flota de Gran Sol, los arrastreros congeladores (excepto los que operan en Mauritania, que no pararon), y los palangreros. Todavía no se han ofrecido estimaciones de las pérdidas que ha ocasionado el conflicto.

Las únicas aproximaciones las han realizado los armadores de Gran Sol, que aseguran que se han dejado de facturar 700.000 euros diarios en las subastas de la lonja. Ayer, en la de Vigo los intermediarios sólo pudieron comprar 39 toneladas de pescado fresco de importación que llegó en camiones, y unos 17.000 kilos de pescado procedente de la flota de bajura. Una subasta en un día normal puede llegar a despachar 150 toneladas.