Vivienda cambia el alquiler social para penalizar a las rentas más altas

El nuevo baremo sube el arrendamiento a quienes ganen más de 21.000 euros

El Departamento de Vivienda va a rebajar el alquiler a los inquilinos que ocupan los pisos sociales de su propiedad, unas casas destinadas a la población con menos recursos. Se trata de una medida que penalizará a los arrendatarios con las rentas más altas (a partir de 21.000 euros brutos al año) y beneficiará, a los ciudadanos con los ingresos más bajos. El objetivo es que el colectivo con más rentas se desplace hacia el parque de alquiler de viviendas de protección oficial (VPO), algo más caras, pero asequibles a sus posibilidades.

Alokabide rebaja el pago mensual y lo fija en 304 euros de media

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De esa forma, los pisos sociales quedarían destinados exclusivamente a los ciudadanos con menos posibilidades económicas, que es su verdadera finalidad. José Manuel de la Fuente, el director general de Alokabide, la sociedad que gestiona estos pisos y que depende del departamento, puntualizó ayer que el nuevo sistema de tarifas entrará en vigor a partir de septiembre.

De la Fuente compareció en la Comisión de Ordenación Territorial del Parlamento junto al titular de Vivienda, Javier Madrazo, para explicar cómo gestiona la consejería los pisos sociales en alquiler. Las quejas de varios usuarios acerca del servicio que presta Alokabide propiciaron esta intervención, solicitada por los partidos de la oposición. Alokabide gestiona un parque de 1.530 viviendas propias. La renta media que pagan en este momento es de 310 euros (gastos de comunidad e Impuesto de Bienes Inmuebles incluidos). Con el nuevo sistema, esa renta media bajará hasta los 304.

Actualmente, aplica las tarifas rigiéndose por un sistema de siete tramos diferentes de renta. Desde los que cobran menos de 3.000 euros brutos al mes (120 euros de alquiler) hasta los que superan los 33.000 euros (más de 600 euros de renta). Con este modelo, a veces se producen subidas bruscas de renta para los inquilinos, cuando pasan de un tramo a otro al mejorar sus ingresos.

El sistema que entrará en vigor en septiembre fija una tarifa plana de 75 euros de alquiler para las personas con rentas iguales o inferiores a 3.000 euros y otra tarifa plana de 665 euros para rentas de hasta 28.000 euros. Entre medio de ambas, se van escalonando los alquileres según los ingresos anuales del inquilino. En los tramos más bajos (hasta 21.000 euros), apenas se producen variaciones cuando el arrendatario mejora sus ingresos. Sin embargo, a partir de los 21.000 euros la renta a pagar sí da un salto más considerable. Alokabide ofrecerá a los antiguos inquilinos que se mantengan en el actual sistema de pago, mientras que a los nuevos se les aplicará el que se está ultimando.

Críticas de los inquilinos por desperfectos

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, y el director general de Alokabide, José Manuel de la Fuente, se defendieron ayer en bloque de las críticas que han recibido por los desperfectos que sufren algunos pisos de alquiler social. La reprobación les ha llegado de una asociación que se constituyó el pasado mes de noviembre en Vitoria y que aglutina a unos 250 inquilinos. Una delegación del Parlamento incluso llegó a visitar los bloques de viviendas afectadas para comprobar sobre el terreno la veracidad de las quejas. Ayer le tocó el turno a Madrazo, quien tachó las críticas de "injustas, exageradas y desproporcionadas".

Madrazo sostuvo que esa asociación sólo representa a "una parte residual" de los inquilinos y carece de credibilidad entre éstos porque "no conectan con sus planteamientos". "Los parámetros de calidad de estas viviendas son muy altos", añadió.

En su momento, el presidente de la asociación, Adolfo Gago, describió un panorama inquietante del estado en el que se encontraban algunos bloques: "La instalación de calefacción está sin homologar, con tubos y cables al aire, incluso ascensores a los que se les ha quitado el telefonillo de emergencia". También criticó que Alokabide haya subcontratado la gestión de las comunidades de vecinos a una asesoría privada, un servicio que deben pagar éstos. Y se quejó de las elevadas rentas a que deben hacer frente.

El consejero trató de desmontar los argumentos por partes. Sobre las deficiencias de la calefacción, aseguró que pidieron a los vecinos que propusieran una empresa independiente para que revisara la instalación. "No dijeron nada. Mandamos una y su conclusión es que todo está bien. Tan sólo apreciaron un fallo y nos pusimos inmediatamente en contacto con la empresa que la instaló y ya está resuelto".

En cuanto a los alquileres elevados, el consejero se preguntó si una renta media de 310 euros al mes resulta elevada teniendo en cuenta que el alquiler en el mercado libre ronda los 900 euros.

El PP cuestionó la forma de gestionar el alquiler por parte de la sociedad Alokabide, mientras que el PSE resaltó que, al menos "algo de razón" tienen los vecinos en sus quejas. "Nadie viene hasta el Parlamento si todo está perfecto".

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 23 de junio de 2008.

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