Discapacitados en la universidad

Lourdes Acosta tiene 18 años y una discapacidad del 87%. Ella misma explica con claridad meridiana la razón: "Tuve una enfermedad de pequeña por la que tengo las piernas muy cortas, que además no siento. Sólo tengo un brazo, el izquierdo, y cuatro dedos en la mano".

A pesar de su situación, esta joven ha terminado sus estudios de Bachillerato y en septiembre pasado entró en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para cursar primero de Derecho. En parte, el entorno universitario le ha abierto un abanico mayor de posibilidades, sobre todo, gracias al encuentro con compañeros que la han tratado con mayor respeto y cercanía que en el instituto del que proviene. Sin embargo, las dificultades con las que topa cada día a menudo consiguen frustrarla.

Lourdes vive en Utrera con sus padres y sus dos hermanos, todavía en edad escolar. A 33 kilómetros de la Universidad, con un sólo familiar trabajando y sin dinero para comprar o utilizar medios de transporte adaptados, la dependencia de alguien que la lleve es total. En su caso, es su madre quien la acompaña: "Dependo de ella y, a veces, me siento mal. No puedo ir en tren porque no está adaptado y el autobús te deja muy lejos de las facultades", lamenta la estudiante.

Salvo la gratuidad de la primera matrícula, Lourdes no ha recibido ningún otro tipo de ayuda económica: "Me dieron la mitad que a una compañera que vive aquí al lado y no tiene ninguna discapacidad", recuerda esta joven, que obtuvo 1.000 euros por la beca general.

El problema, asegura esta alumna, no termina ahí. La silla de ruedas que la transporta se topa con numerosas barreras: "Dependo de alguien dentro de la Universidad y, a veces, me da apuro pedir ayuda a mis amigos", reconoce la joven, quien asegura que las aulas y los edificios no están completamente adaptados. Además, los profesores no siempre están preparados para atenderla, no cuenta con la ayuda del alumno acompañante que le prometieron y no tiene ayudas para un ordenador portátil o un móvil, aparatos que considera vitales, pues no siempre puede acudir a clase o cambiar de aula sola.

Para atender estas necesidades, la UPO cuenta con el Servicio de Atención a la Discapacidad, que con tres años de existencia, fue de los primeros creados en Andalucía. Su responsable, Juan Vázquez, asegura que el año próximo la UPO ofrecerá becas propias para personas con discapacidad: "Entre otras cosas, con ellas se quiere paliar el problema del transporte a través de medidas como el uso de taxis adaptados", explica este hombre, quien espera que la llegada del metro el año próximo mejore la situación.

Desde la oficina, Vázquez asegura que se proporcionan otras ayudas como asistencia de intérpretes, traducciones en Braille o medidas de accesibilidad virtual. Además, el año que viene se pondrá en marcha un plan para eliminar las barreras arquitectónicas en el campus, una decisión en la que la misma Lourdes tuvo que ver: "Mi aula no estaba adaptada. Me sentaba apartada de la clase y si me ponía en medio, otros se quejaban porque estorbaba. Hablé con Juan Vázquez y tramitó el asunto, pero hasta este mes no ha habido solución. Acudí al Defensor del Pueblo Andaluz, gracias al cual, el rector me atendió y acabó recorriendo el campus en silla de ruedas para comprobar por sí nuestras dificultades", concluye la joven.