Los concejales imputados se resisten a dimitir

Los cuatro concejales del PSOE imputados en la operación Astapa y que se encuentran en libertad bajo fianza se resisten a renunciar a sus actas y ayer se incorporaron con normalidad a sus responsabilidades en el consistorio. Pese a que la dirección del PSOE tramita sus expedientes de expulsión, Francisco Zamorano, Mariví López, Marisa Rodríguez y Asunción López sostienen que no han incurrido en conducta ilegal durante su mandato. El presidente de la gestora socialista creada en Estepona, Juan Paniagua, pidió ayer a los cuatro que entreguen su acta y les recordó que, si no lo hacen, pasarán a ser concejales no adscritos.

Tampoco ha renunciado como concejal Antonio Barrientos, pues su escrito de dimisión, registrado ayer en el Ayuntamiento, sólo especifica renuncia a la alcaldía. Fuentes de su defensa insisten en que su ánimo era renunciar también al acta y que el "descuido" se subsanará en los próximos días.

Paniagua se reunió también con los socios de gobierno del PSOE hasta el momento, PA, IU y Estepona 2007, que suman cinco concejales a los 11 que logró el PSOE en los últimos comicios. Dijo haber encontrado disposición para renovar el pacto, el problema es que si los ediles imputados no dimiten, ya no sumarían mayoría absoluta, aunque hay que tener en cuenta que tampoco han renunciado los dos ediles de la oposición (PES) que han sido encarcelados.

Sigue Duarte

En el caso de Rafael Duarte, concejal de Urbanismo imputado de prevaricación y cohecho, la dirección del PSOE no ha aceptado su renuncia. "No se la vamos a aceptar, porque su actuación no ha sido igual. No estamos en un caso similar, de momento. Le vamos a pedir que siga al frente de la concejalía", dijo el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro. Duarte, en quien la dirección pensaba como sustituto de Barrientos, ni fue detenido ni ha sido objeto de medida cautelar alguna.

El caso de corrupción en Estepona fue el único tema del que se habló ayer en la ejecutiva regional. Pizarro, quiso que los miembros de la dirección supieran por su propia voz qué actuaciones se habían hecho desde que conocieron la detención de Barrientos.

Pizarro aseguró que nadie aportó a los órganos del PSOE "prueba documental" alguna sobre la actuación de Antonio Barrientos y que "no tiene constancia" de que nadie diera la voz de alarma.