Barrientos exigía a los promotores el pago de una parte de sus ganancias

Los promotores que querían construir en Estepona (Málaga) tenían que estar dispuestos a dejar una parte de sus ganancias por el camino. Dos de los imputados en el caso de corrupción urbanística que ha acabado con el ya ex alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) en la cárcel, relataron a la juez Isabel Conejo cómo funcionaban los famosos convenios en los que se conseguía cambiar la calificación de los terrenos.

Si el empresario no pagaba, no había negocio posible para él en Estepona

Los promotores que querían construir en Estepona (Málaga) tenían que estar dispuestos a dejar una parte de sus ganancias por el camino. Dos de los imputados en el caso de corrupción urbanística que ha acabado con el ya ex alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) en la cárcel, relataron a la juez Isabel Conejo cómo funcionaban los famosos convenios en los que se conseguía cambiar la calificación de los terrenos. "Todos los empresarios tenían que pagar lo que se llama ingreso de plusvalía del promotor, una especie de reparto de beneficios finales que tenían que cederle al pueblo de Estepona", explica el abogado de una de las empresas implicadas.

Esta tasa -sin reflejo jurídico- tenía incluso impresos con su denominación y la calculaban los técnicos municipales. El pasado 25 de mayo se llevó a Pleno un convenio para la construcción de 1.000 viviendas en suelo rústico, situado en la zona de El Padrón. A cambio de que en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se recalificara como urbanizable el terreno, la empresa realizaba una "aportación voluntaria" de ocho millones de euros. La oposición tachó el convenio de "aberrante" y acusó al Ayuntamiento de "tráfico de influencias" con la empresa Lamiera O4.

El PGOU de Estepona acumula 180 modificaciones puntuales de elementos fruto de convenios con promotores. "Es la práctica de la alcachofa, se le van quitando hojas al plan hasta que no se parece en nada al documento original", explica un técnico.

El ingreso por plusvalía, que algunos promotores bautizaron como impuesto revolucionario, comenzó a aplicarse hace unos seis años. Se creó cuando Barrientos llegó a la alcaldía, tras pactar con el PES (formación integrada por ex giles) y sus pagos eran fraccionados. El primero se producía en la firma del convenio, el segundo en la aprobación del PGOU y el resto cuando la Junta de Andalucía diera el visto bueno. "Era algo voluntario", justifican fuentes municipales. Pero si el empresario no accedía, no había negocio posible.

La Policía investiga cómo se hicieron las tasaciones de esos terrenos y el uso que el equipo de gobierno hacía del dinero que entregaban los promotores. De estos hechos derivaría la acusación de malversación de caudales públicos hecha contra los principales imputados: el alcalde, su jefe de gabinete y los ediles del PES Ignacio Crespo y Manuel Reina. Por el caso también está en prisión el jefe del departamento de valoraciones Javier Wittmeur.

La juez de la operación Astapa contra la corrupción en Estepona identifica a Barrientos, como el "máximo responsable de una estructura" que, desde el Ayuntamiento, buscaba "obtener fondos de promotores y empresarios" Este dinero servía tanto para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos" que gobiernan en coalición -PSOE y ex gilistas- como para "enriquecerse personalmente". En el auto de prisión del ex regidor -al que ha tenido acceso EL PAÍS- la juez acusa a Barrientos de mediar en la contratación irregular en el Ayuntamiento de "numerosas personas" en función de su "titulación personal" o su "afinidad política". También le acusa de blanqueo de capitales y de contratar obras y servicios públicos "sin cumplir las exigencias legales".