Redada hipotecaria

Las autoridades estadounidenses parecen dispuestas a ajustar las cuentas civiles y penales con los responsables de la crisis hipotecaria del país que ha contaminado el sistema financiero internacional. Más de 300 personas han sido detenidas en una gran redada conjunta organizada por el servicio secreto, la agencia tributaria, la inspección postal o los servicios de inmigración. No sin cierto dramatismo poético, esta gran operación, que ha metido entre rejas a destacados gestores de fondos de Bear Stearns, se conoce como Hipoteca Maligna. La redada pretende acabar con los fraudes, malversaciones y timos en la recuperación de embargos que han contribuido a hundir la confianza en los mercados de crédito.

Sorprende el esfuerzo de organización desplegado para coordinar instituciones tan poderosas como la Administración de Justicia o el FBI en la tarea de perseguir a más de 400 presuntos delincuentes en casi todas las grandes ciudades del país. Este esfuerzo revela que las autoridades económicas y judiciales se toman muy en serio su obligación de proteger los bienes y la credibilidad de los inversores del mercado inmobiliario.

Pero la moraleja principal de la gran redada es que ni los mercados de inversión ni los responsables de la justicia estadounidense están dispuestos a archivar la crisis de las hipotecas subprime con el cómodo veredicto de que se trata de un fallo del sistema financiero. El fallo del sistema existe, por supuesto. Ni las hipotecas basura ni escándalos como el de Enron hubieran tenido consecuencias tan destructivas si los reguladores económicos hubiesen dispuesto de capacidad de supervisión bancaria y contable en consonancia con la libertad de maniobra en la generación y manipulación de activos financieros que tienen los bancos, las instituciones financieras y las empresas.

Además de ese fallo en el sistema, existen responsabilidades personales, de carácter civil y penal, que los responsables de la crisis tienen que satisfacer. Con independencia del resultado final de la investigación, resulta un principio modélico, muy recomendable para las economías europeas, que las autoridades sienten en el banquillo a quienes han vulnerado la ley. Los fallos en la regulación no pueden servir de pantalla de humo para los delitos, como ha sucedido con cierta frecuencia en los escándalos financieros detectados en Europa.