Lesa corrupción
¿Será Estepona para la actual legislatura democrática lo que Marbella supuso para la anterior?: el paradigma de la corrupción urbanística, hacia la que se desplazaron las irregularidades cometidas en la financiación ilegal de los partidos políticos de la década de los noventa. Lo que se sabe hasta ahora es que hay implicados dos docenas de funcionarios (entre ellos, el alcalde) y empresarios, acusados de delitos como prevaricación, cohecho, malversación de fondos o contra la ordenación del territorio.
Uno de los defectos de nuestra democracia, según se desprende del Informe sobre la democracia en España 2008, que edita la Fundación Alternativas, es que el sistema institucional, compuesto de reglas y derechos, funciona bastante bien, y es en el comportamiento y en las prácticas de los actores donde aflora la mayor parte de los problemas. Por ejemplo, parece que la libertad sindical está garantizada en nuestro país, pero al mismo tiempo las empresas no respetan, en muchos casos, los derechos de los trabajadores.
Aunque ha habido sustanciales avances en la lucha contra la corrupción urbanística, el balance decepciona
Algo parecido sucede con la corrupción. Los últimos años han sido proclives a establecer normas y actuaciones que la combatan: una nueva ley de financiación de los partidos, la regulación de los contratos del sector público, la Ley del Suelo, la creación de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscalías (bajo la coordinación de un fiscal de sala que actúa como delegado del fiscal general) o la organización de una unidad contra los delitos urbanísticos en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A ello se añade el Código del Buen Gobierno, la ley de regulación de los conflictos de intereses de altos cargos, la reorganización de la fiscalía anticorrupción, etcétera.
Pues bien, a pesar de los avances, el balance todavía es decepcionante. No es porque las autoridades locales españolas sean más corruptas moralmente que las de los países de nuestro entorno, sino que el marco en el que se lleva a cabo la política urbanística en España genera formidables incentivos para la corrupción, entre otros, la enorme repercusión económica de las decisiones públicas sobre los usos urbanísticos (en general, en manos de las autoridades locales).
Hay tres causas objetivas relacionadas con los casos de corrupción que van emergiendo de modo incesante: el extraordinario boom de la construcción de la última década (hubo años en que España construía más viviendas que el Reino Unido, Alemania y Francia juntos); los perennes problemas de financiación de las haciendas locales, y los cambios en las estructuras de financiación de unas organizaciones partidistas que parecen depender cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan al sostenimiento de los grupos municipales. Esto último cobra especial importancia si se confirma que parte del dinero de las comisiones ilegales pagadas por los constructores en Estepona financiaron al PSOE local.
