Ondas poco evangélicas

La Conferencia Episcopal se ha visto forzada a pronunciarse tras la sentencia por injurias contra el locutor estrella de la Cope. Aunque la nota oficial limita el papel de la Conferencia en la emisora, presentándola como mera propietaria del medio y respetuosa con su libertad de expresión, lo cierto es que las diferencias entre los obispos han aflorado en sus declaraciones públicas, hasta perfilar una situación de práctica soledad en este asunto del presidente de la Conferencia, el arzobispo de Madrid Rouco Varela. Las críticas de los prelados no van, sin embargo, en la misma dirección ni proceden en todos los casos de los sectores más tolerantes y aperturistas. Los ataques desde la emisora al nuncio vaticano en España, al que se llegó a acusar de masón, han despertado las alarmas de los obispos más alineados con Roma, sumándolas a las de quienes, dentro de la Conferencia, piensan que el tono exaltado e insultante del que hace gala este medio no es compatible con el mensaje evangélico.

Si existe algún propietario de medios de comunicación que no puede excusarse en la libertad de expresión para amparar la manipulación informativa y la gratuita ferocidad de algunas opiniones, ésa es la Conferencia Episcopal. Y, más en concreto, una parte de su actual dirección, que se niega a reconocer la existencia de un espacio aconfesional distinto del religioso. La Iglesia católica cuenta en España con demasiados privilegios de derecho -establecidos por los acuerdos con la Santa Sede- como para que, además, se arrogue a conveniencia el privilegio de hecho de utilizar la aconfesionalidad como parapeto de sus responsabilidades. O bien la Conferencia se comporta como un propietario más de medios de comunicación, y en ese caso nada justifica que reclame la obligatoriedad de su ascendiente moral en otros ámbitos sociales, o bien reclama este ascendiente y, entonces, empieza por dar ejemplo en los medios de su propiedad. Una posición distinta no es sólo una contradicción, sino un ventajismo inaceptable.

La libertad de opinión ampara a cualquier medio de comunicación, y no hace distinción en función de quiénes son los propietarios. Pero más allá de los aspectos jurídicos de la sentencia, que obligan a mantener abierto el debate sobre la penalización de la injuria, la condena judicial de un locutor de la Cope interpela directamente a la Conferencia Episcopal.