El Gobierno acusa a los municipios de vulnerar la 'ley anticorrupción'

Los consistorios españoles no aplican todavía la Ley de Suelo vigente desde mayo de 2007 que les obliga a hacer públicas las declaraciones de bienes de sus alcaldes y concejales. Los ayuntamientos se escudan en que no se ha regulado aún el instrumento jurídico necesario, llamado Estatuto municipal, para aplicar esa medida contra la corrupción.

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La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus concejales y directivos -sólo Gijón y Sevilla lo hacen en toda España- están vulnerando las medidas contra la corrupción recogidas en la Ley del Suelo. Corredor considera que sí existen instrumentos jurídicos para aplicar la Ley y recordó que los concejales tienen la obligación de hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles.

Los municipios se amparan en que la disposición adicional novena de la Ley del Suelo señala que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados en el Estatuto municipal". Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Régimen Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció una "persecución implacable" y un "castigo sin paliativos" a los responsables de la corrupción urbanística, en alusión al escándalo destapado esta semana en Estepona (Málaga).

Los gobiernos municipales consultados por EL PAÍS esgrimen la falta de base jurídica para hacer pública la declaración de bienes de alcaldes y concejales.

- Castellón: "Cuestiones legales por solucionar". En Castellón, el vicealcalde Javier Moliner, aseguró ayer que el secretario del Ayuntamiento ya les notificó la futura exigencia de hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades no sólo de los concejales sino también de varios funcionarios. Sin embargo, según indicó, el consistorio considera que la disposición aún no ha entrado en vigor ya que "había alguna cuestión legal que se tenía que solucionar", en referencia a la ausencia de la figura jurídica que debe recoger la Ley de Régimen Local.

- Bilbao. "Nadie sabe cómo hacerlo público". En Bilbao, los 29 concejales de la corporación realizan una declaración anual de sus bienes y actividades, que se entrega al secretario municipal, quien tiene todos los datos en un libro de registro, informó un portavoz del consistorio bilbaíno. Aseguró que, por este lado, se cumple lo establecido en la Ley del Suelo pero lo que no se realiza es la publicación anual de estos datos, porque "la Ley del Suelo no explica cómo hacerlo público. Nadie sabe cómo hacerlo", señaló el mismo portavoz, quien recordó que hace unos años el Ayuntamiento de Jerez publicó los datos en su página web "y se montó un cristo". El Ayuntamiento bilbaíno reprocha al Gobierno central que no haya desarrollado este aspecto de la normativa pero reiteró que si un ministerio u otras entidades lo piden, "ahí tienen los datos", informa Alberto Uriona.

- Sevilla: Los concejales y también los altos cargos. El Ayuntamiento de Sevilla, que ya colgó en octubre de 2006 en su web sevilla.org los bienes del alcalde y sus concejales, antes de que se aprobara la ley, amplió este año la obligación de hacer públicos sus bienes a todos los altos cargos del Ayuntamiento, más de 100 personas. A falta de una normativa sobre dónde hacerlos públicos, Sevilla ha optado por volver a hacerlo en su propia web. Según un portavoz, ahora se está terminando el proceso de recogida de datos y las declaraciones estarán en Internet en breve, informa Reyes Rincón.

- Galicia: declaraciones de bienes. En A Coruña, los alcaldes y concejales realizan una declaración de bienes y actividades al comenzar y finalizar su mandato. Los ediles, según establece la ley, también están obligados a informar de cualquier modificación durante su permanencia en la corporación municipal. No existe un registro público, pero cualquier ciudadano, según el Ayuntamiento, puede solicitar copia. También en Vigo, disponible con una petición en la secretaría del Ayuntamiento. El alcalde, el socialista Abel Caballero, la tiene colgada en la web municipal, informa Paola Obelleiro.

Por otra parte, la ministra de la Vivienda dio por acabado el boom inmobiliario que ha durado un lustro. Durante esta etapa, el precio de las viviendas ha subido más del 10% cada año. Corredor aseguró ayer que se está produciendo la "vuelta a la normalidad" de los precios, un "ajuste" que calificó de "previsible, deseable y necesario". Los últimos datos del Ministerio de Vivienda apuntan a un crecimiento interanual del 4% del valor de los pisos, lo que en términos reales supone un leve descenso. "Era injustificable que se pudieran seguir construyendo cientos de miles de viviendas a los precios en los que se hacían y que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les siguiera resultando imposible acceder a ellas", aseguró.