La Generalitat pide que se den permisos de trabajo temporales a 'sin papeles'

Si no es posible expulsar a algunos inmigrantes sin papeles, al menos que puedan ganarse la vida con todas las de la ley. Ese es uno de los argumentos que el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, lleva bajo el brazo para trasladarlo, hoy, al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. El Gobierno catalán busca una reforma legislativa que permita otorgar una autorización de residencia y trabajo temporal a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular, mientras su expulsión se hace efectiva.

La iniciativa afectaría a los inmigrantes que proceden de países con los que España no ha firmado convenio de extradición; básicamente, los del África subsahariana. La Generalitat plantea la misma solución en el caso de inmigrantes que acaben de salir de la cárcel, pero sólo en caso de que se considere que su rehabilitación ha tenido éxito. "Si hemos estado años gastando dinero para mantener a esa persona en prisión, no tiene sentido que después la dejemos sin posibilidad de trabajar y la aboquemos, así, al delito", subrayó Amorós.

El objetivo de la Generalitat es fomentar la inserción en el mercado laboral de los inmigrantes, al margen de su situación legal. Y eso, especialmente, en una época de crisis económica. Se trata de medidas concretas "y limitadas", indicó el secretario, cuya aplicación depende, además, de una modificación legal que sólo compete al Gobierno central.

La propuesta catalana -que se concreta en 12 puntos incluidos en el documento de bases del Pacto Nacional para la Inmigración- choca con los planteamientos del Gobierno central. Corbacho pretende que un millón de inmigrantes en situación legal regresen a sus países a cambio de una serie de incentivos económicos. El motivo: la crisis económica y la posibilidad real de que cada vez más inmigrantes se queden en paro.

Amorós y Corbacho se verán hoy las caras en Madrid, en la reunión del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. El secretario de Inmigración se mostró confiado en que algunas medidas tengan buena acogida. Por ejemplo, la posibilidad de que las personas que llegan a España por medio de la reagrupación familiar dispongan de permiso de trabajo, y no sólo de residencia como ahora. El razonamiento es que, si la familia dispone de un solo sueldo y lo pierde, puede verse en una situación complicada.

La Generalitat considera que pedir la integración de los inmigrantes no sirve. Se trata, según Amorós, de aplicarse el cuento. Y eso pasa, a su juicio, por permitir el concurso de inmigrantes en la función pública. Los funcionarios deberán seguir teniendo nacionalidad española, pero podría haber, de acuerdo con esta propuesta, personal laboral extranjero. En este sentido, el Gobierno catalán pretende rebajar, de 10 a 5 años, el periodo de estancia regular para acceder a la plena ciudadanía y al derecho al voto.