CiU asegura que la Ley de Dependencia se aplica mal

La Ley de la Dependencia prosigue su largo y nada fácil camino en Cataluña y España. A los retrasos reconocidos en la tramitación de las ayudas se unen los errores. Convergència i Unió (CiU) ha denunciado 55 errores en 321 resoluciones de Programas Individuales de Atención (PIA) en las que se otorga una plaza de residencia o centro de día. Según CiU, a algunos beneficiarios se les comunicaba que debían pagar 290.000 euros al mes como copago de su residencia. "¿Cómo es posible que se hayan cometido errores tan graves en un asunto tan sensible?", se pregunta el diputado de CiU Josep Lluís Cleries. "Miramos resolución por resolución y en algunos casos surgían cifras desorbitadas. En algunas se habían equivocado en una coma", añade.

El copago de algunas residencias se fijó en 290.000 euros mensuales

El Departamento de Acción Social y Ciudadanía ha reconocido algunos errores en los informes de una primera remesa de enero. La mayoría de estos fallos se corrigieron "inmediatamente" en las resoluciones antes de ser enviadas y, en otros casos, se advirtió de ellos a las residencias y a los usuarios, explica Jordi Tudela, director del programa para el impulso y promoción de la dependencia. "Es evidente que a nadie se le han cobrado 290.000 euros. La mayoría de los errores se explican por la confusión de un punto por una coma", añade.

CiU también denuncia que las cifras hechas públicas por la Generalitat superan la realidad. Cleries asegura que Acción Social y Ciudadanía, que dirige Carme Capdevila, anunció el pasado 12 de febrero que habían 967 PIA resueltos, pero según el diputado de CiU sólo constaban 473 como nóminas cobradas. El departamento recuerda que siempre habla de PIA resueltos, no de nóminas, y que puede ser que el alta se haga efectiva un mes y se cobre al siguiente por una cuestión de fechas.

La mayoría de las personas que solicitan los beneficios de la Ley de Dependencia optan por la ayuda económica para el cuidador no profesional, pero muchos de ellos no se han dado de alta en la Seguridad Social. La Generalitat ha remitido una carta a los usuarios en la que especifica que las personas que optan a esta ayuda deben darse de alta en el caso de que no sean jubilados, estén en paro o ya coticen en la Seguridad Social. Acción Social y Ciudadanía tiene previsto en los próximos meses revisar la situación de estas personas.

La falta de fondos puede ser una tremenda barrera para esta ley. La consejera Carme Capdevila advirtió recientemente de que si no se dota con más financiación, la nueva ley no avanzará. "La ley se presupuestó con una estimación que ya hemos superado", explicó la consejera republicana.

Capdevila destacó que los fondos aportados por la Administración central, que deberían cubrir el 30% de la financiación de la ley, en Cataluña "se han quedado entre el 25 y el 26%".