Unidos frente al abordaje de los 'piratas culturales'

La mitad de los consumidores españoles lucen un parche en el ojo cuando escuchan música o ven una película. Son piratas culturales, según la denominación de sus detractores, que les acusan de violar la ley cuando se descargan gratuitamente de Internet las canciones, los DVD y los videojuegos, o los compran en el top manta. En España, hay 12,6 millones de piratas, casi la misma cantidad que los que compran legalmente esas obras en tiendas o grandes superficies, y que ya sólo suman 12,5 millones de consumidores.

Ésta es, al menos, la principal conclusión de un informe encargado por la llamada Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, una agrupación recientemente formada que engloba a las asociaciones que velan por los intereses de los artistas, autores y las industrias discográfica y cinematográfica (SGAE, Egeda, Promusicae, Adivan, Adican y Fap).

El estudio revela que 8,7 millones de internautas, el 67% del total, realizan descargas mediante programas de intercambio de archivos p2p (eMule, Bittorrente, Ares y otros), que violan los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Una opinión que no comparten, por ahora, ni las autoridades ni los tribunales que han declarado que las descargas de Internet no son ilegales salvo que persigan ánimo de lucro, como sucede en el top manta. Conseguir cambiar esa legislación es el objetivo principal de la Coalición de Creadores. Su portavoz, José Manual Tourné, ha pedido al Gobierno que lidere la lucha contra la piratería, señalándole como principal responsable para conseguir un "mejor marco legal y la voluntad decidida de la Administración de aplicar las leyes". Esos cambios pasan por implantar el modelo francés, un sistema de control de las descargas que realizan los internautas, a los que, tras varios avisos, se les corta el acceso a Internet si reinciden. La coalición cultural apadrina el manifiesto contra la piratería que se leerá hoy en Madrid, dentro de la Semana por los Derechos de Todos en Internet. Se trata del pistoletazo de salida para una campaña de presión que persigue que el Gobierno dé el paso que ya han dado en Francia o el Reino Unido, y persiga legalmente las descargas por Internet, para que España deje de ser "paraíso pirata". No les basta el canon digital, que grava a los aparatos susceptibles de realizar copias, y que se aprobará próximamente. Ahora van a por el eMule.