Cooperativismo contra la crisis

En Euskadi, y especialmente en Guipúzcoa, no hay ciudadano que no tenga un amigo o familiar trabajando en una cooperativa. El cooperativismo es deudor, y lo reconoce, del sacerdote José María Arizmendiarreta y de los pioneros que fundaron junto a él hace 50 años Ulgor, hoy Fagor, en Mondragón. La virtualidad de este tipo de sociedad frente a otras, como las sociedades anónimas o las limitadas, está en su componente anticrisis.

El movimiento cooperativo ha evolucionado en todos estos años. Gran parte, especialmente el industrial y el de consumo (Eroski), ha convergido en Mondragón Corporación Cooperativa (MCC). Pero hay vida cooperativa más allá de Mondragón.

Los cooperativistas se implican más porque se juegan su empleo y su dinero

Euskadi acoge distintos tipos de cooperativas que funcionan en Euskadi. Las de trabajo asociado son fundamentalmente las industriales. En éstas, MCC suma el 73% del empleo. En las de consumo más del 99% y en las de crédito -Caja Laboral e Iparkutxa- el 80% también pertenece a la corporación.

Las cooperativas vascas, salvo algunas muy pequeñas, se encuentran agrupadas en Erkide, que trabaja como una especie de patronal donde se asesora, se dan servicios y se actúa como grupo de presión. "La crisis afecta como al resto de las empresas. A unos sectores más que a otros. La particularidad de las cooperativas es que por eso de que prima el empleo frente a otros ratios superan mejor la crisis", señala Agustín Mendiola, director de Erkide.

En el mundo cooperativo existe una coincidencia de que son una fórmula societaria "anticíclica" perfecta. Las cooperativas tienden a permanecer porque sus dueños son sus trabajadores. La Ley obliga a que al menos el 75% de los trabajadores de cada empresa sean socios y está claro que nadie quiere perder ni su empleo y ni su negocio. La capacidad de apretarse el cinturón o de aceptar la flexibilidad es mayor que en otras sociedades. Su esperanza de vida es alta porque no está ligada a un grupo de accionistas. Los socios se van y son naturalmente sustituidos por otros nuevos.

A los cooperativistas les gusta decir que están dentro de la llamada economía social. La ley exige para formar una cooperativa que se reúnan al menos tres personas y que se desembolse un capital mínimo de 3.000 euros. Para ser socio es necesario hacer una aportación; lo que concede los derechos de participación en la sociedad a través de sus órganos de gobierno y el derecho a cobrar excedentes (beneficios). Los socios nunca responden con su dinero por la marcha de la sociedad. Toda cooperativa debe tener al menos dos órganos: la asamblea (la junta de accionistas de una SA) y el consejo rector, que viene a ser una especie de consejo de administración. Cuando la empresa cuente con 100 o más socios, deberá haber también una comisión de vigilancia.

A partir de ahí el funcionamiento interno varía, aunque la implicación de los trabajadores es automática porque sencillamente se juegan su dinero y su empleo. Una queja habitual desde otro tipo de empresas es que las de trabajo asociado cuentan con un tipo en el Impuesto de Sociedades del 20% para las de más de 50 empleos y del 18% para la de menos. El tipo común en Euskadi es el 28%.

La defensa de los cooperativistas llega por la vía social. Sobre los resultados, una vez liquidado el impuesto, un 20% se destina a un fondo de reserva obligatoria, que es inembargable y no repartible. Si la cooperativa se disuelve este dinero va al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, órgano dependiente del Parlamento. Otro 10% va a un fondo de Educación y promoción cooperativa, con destino a obras sociales. El resto se destina a excedentes.