Diez regiones no garantizan la financiación del aborto

Plagado de desigualdades. Así es el mapa del acceso al aborto en España. Un país donde la sanidad pública sólo realiza el 3% de las intervenciones y en el que la operación es asumida económicamente, en su mayoría, por las propias mujeres. A pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo está recogida -en tres supuestos- dentro del catálogo de prestaciones del servicio nacional de salud, 10 comunidades autónomas -Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Canarias, Baleares y Navarra- no tienen ningún mecanismo para garantizar su financiación.

El análisis por comunidades autónomas del acceso al aborto presenta un panorama "desolador", según el informe elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) y el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (Gie). El documento, que examina los datos de 2005 del Ministerio de Sanidad junto con entrevistas a mujeres y profesionales de la salud, señala que ninguna autonomía cuenta con un protocolo de atención al aborto. "Esto deja en manos de los propios médicos la gestión de esta prestación", critica Francisca García Gallego, de Acai.

Situación desigual

De esa carencia se derivan, según el informe, las enormes desigualdades en materia de información, financiación y prestación del servicio. Tanta que se puede pasar de una situación como la de Navarra, donde ningún centro (ni público ni privado) realiza abortos, a la de Andalucía, donde la intervención está concertada con centros privados pero se realiza y financia en la mayoría de los casos.

Hay más. Cinco autonomías no tienen ningún servicio público que realice abortos: Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Tampoco Ceuta y Melilla. Peor lo tienen las mujeres que deben abortar después de las 12 semanas. Sólo ocho comunidades autónomas -Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Valencia- disponen de centros privados para hacerlo.

Acai y el Gie exigieron ayer al Gobierno una reforma de la ley del aborto. "Lo más equitativo y lo mejor es una ley de plazos hasta las 12 semanas y después una ley de indicaciones", declaró Diana Sojo, presidenta de Gie.