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Editorial:

Tienen derechos

El fallo del Supremo de EE UU sobre Guantánamo (y contra Bush) es un triunfo de la razón

Es imposible compartir la opinión del juez conservador Antonin Scalia, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, lamentando "las desastrosas consecuencias" que acarreará la decisión sobre los presos de Guantánamo adoptada ayer por la más alta instancia judicial estadounidense. Por el contrario, la resolución que confiere a los casi 300 presuntos terroristas islamistas confinados en esa base militar de EE UU en tierra de nadie el derecho a que un juez federal decida sobre la legalidad o no de su larga y prácticamente clandestina detención, debe ser saludada como un triunfo de la justicia y la razón.

El fallo, no por presentido menos histórico, va a permitir que unos prisioneros en condiciones miserables, denunciadas reiteradamente por las organizaciones humanitarias menos sospechosas, puedan conocer por fin de qué se les acusa y si se sostienen los cargos contra ellos. Pero además de suponer el progresivo final de esas pesadillas individuales, la decisión del Supremo estadounidense significa la demolición legal del infame andamiaje jurídico puesto en pie por el presidente Bush, en enero de 2002, como una de las piezas angulares de su lucha en todos los frentes contra el terrorismo islamista, tras los brutales atentados del 11 de septiembre anterior en Nueva York y Washington.

En unos tiempos caracterizados, incluso en las democracias más consolidadas, por el recorte de libertades y derechos individuales en nombre de una supuesta mayor seguridad colectiva -retroceso del que el Reino Unido acaba de dar ominoso ejemplo con la aprobación por el Parlamento del proyecto de ley laborista que amplía de 28 a 42 días las detenciones sin cargos-, el fallo del Supremo de EE UU representa una bocanada de aire fresco. La decisión, cinco contra cuatro, anula otra que respaldaba la ley llevada por Bush al Congreso de mayoría republicana, en 2006, por la que se privaba a los sospechosos de terrorismo de su derecho de hábeas corpus, es decir, de la plena capacidad legal para recurrir su encarcelamiento por el Gobierno. Quien únicamente podía hacerlo ha desmontado finalmente la falacia de Washington, según la cual por estar Guantánamo en territorio cubano no son de aplicación allí las garantías constitucionales estadounidenses.

Es difícil saber todavía las consecuencias que se van a derivar de esta sentencia, que rasga el velo bajo el que se guardaba un amplio repertorio de prácticas ilegales, desde la tortura en los interrogatorios hasta los traslados secretos e ilegales de sospechosos a partir y en dirección a Guantánamo. No hay que olvidar, en todo caso, que policías españoles y miembros del Centro Nacional de Inteligencia han interrogado a presos allí recluidos; ni que aeropuertos y bases españolas han sido utilizados para el traslado de presos hacia y desde la cárcel norteamericana. Hora sería de que se aprovechara la desaparición del limbo jurídico para arrojar también toda la luz desde España sobre la relación que hayan podido tener nuestros funcionarios y autoridades con su funcionamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de junio de 2008