La financiación se complica

Poco después de la celebración de las últimas elecciones generales y andaluzas el pasado 9 de marzo, Felipe González publicó una tribuna de opinión en este mismo diario, en la que sostenía que, dada la profundidad de la crisis económica que se nos estaba viniendo encima, sería aconsejable que todos los poderes públicos de los distintos niveles de gobierno concentraran sus esfuerzos en hacer frente a dicha crisis y que operaciones de reforma, como por ejemplo, la que hacía referencia a la financiación autonómica, deberían dejarse para un momento ulterior, cuando la crisis hubiera quedado atrás.

Me imagino que el propio Felipe González sabía que era sumamente improbable que su opinión fuera aceptada de manera generalizada. La financiación autonómica venía siendo el centro del debate sobre la estructura del Estado desde 1993, en parte porque en ese año fue necesario por primera vez el concurso de CiU para la investidura del presidente de Gobierno y en parte porque tras los pactos autonómicos de 1992 se había completado el mapa de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y, en consecuencia, era en el problema de la financiación de las competencias asumidas prácticamente por igual por todas las comunidades en el que tenía que centrarse el debate. El sistema ideado por la LOFCA en 1980 fue útil para la inicial puesta en marcha del Estado autonómico, pero era manifiestamente insuficiente para resolver el problema de la financiación del Estado tras más de 20 años de ejercicio del derecho a la autonomía. Por eso hubo que reformarlo en varias ocasiones a partir de 1993 y por eso había sido objeto de intenso debate en los procesos de reforma de los estatutos de autonomía de la pasada legislatura.

Quiere decirse, pues, que resultaba imposible atender la indicación del ex presidente del Gobierno, por más razonable que a muchos les pareciera su propuesta. La financiación autonómica no podía dejar de ser abordada en esta legislatura. El artículo en el que el presidente de la Generalitat, José Montilla, respondió a Felipe González, lo dejó claro de manera inequívoca. No se nos puede decir después de tantos años que "ahora no toca".

Con lo que no contaban ni Felipe González ni José Montilla es con que al debate sobre la financiación autonómica se le viniera a superponer el debate sobre la financiación municipal, que dificulta las posibilidades de llegar a un acuerdo de manera extraordinaria. Si armonizar las tensiones entre quienes pretenden un pacto exclusivamente bilateral entre su comunidad autónoma y el Estado y los que pretenden un pacto multilateral entre todas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera ya era difícil, hacerlo con la presión del poder municipal solicitando ser tenido en cuenta en la distribución de lo recaudado tanto mediante los impuestos estatales como mediante los impuestos autonómicos, lo va a ser todavía mucho más.

En Andalucía lo estamos comprobando. El PP, a través de su presidente, Javier Arenas, ya ha anunciado que no se podrá contar con su partido en Andalucía para un acuerdo en materia de financiación autonómica si simultáneamente no se cierra un acuerdo en materia de financiación municipal.

En principio, el concurso del PP andaluz no resulta completamente imprescindible para hacer frente al problema de la financiación autonómica, pero sería temerario para el PSOE y el Gobierno de la Junta de Andalucía lanzarse a una reforma de la financiación autonómica con un PP que se hubiera apoderado de la bandera del municipalismo. En consecuencia, presiento que se va a retrasar algo el momento de la financiación. De manera indirecta puede acabar haciéndose realidad la propuesta de Felipe González.