El Ararteko alerta de la precariedad en que se presta la asistencia social

"Tenemos que pedir créditos para adelantar el dinero"

Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Comisión Antisida de Álava, coincide al cien por cine con el informe del Ararteko. La financiación es uno de los aspectos más delicados para esta entidad que gestiona varios pisos para atender a personas enfermas de sida y a otro tipo de ciudadanos con problemas, como presos que no tienen adónde ir cuando salen de la prisión. En el caso de su entidad, las ayudas de la Administración llegan vía subvención. "Comenzamos a dar nuestras prestaciones desde el 1 de enero, pero la convocatoria de las subvenciones del Gobierno vasco no aparece hasta mayo. Y después hay que esperar hasta después del verano para que confirmen que te conceden el dinero. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de dar el servicio?". "Lo que hacemos es adelantar el dinero. Pedimos un crédito puente a un banco para poder prestar un servicio que es público. Y el banco nos exige las mismas condiciones que a cualquier particular, el mismo tipo de interés".

Y después, ni siquiera existe la garantía de que la Administración vaya a conceder la subvención. "Todo está abierto. Nos dejan con una mano delante y otra detrás. La duda de si aprobarán la subvención siempre está presente".

Su esperanza es que la futura ley de Servicios Sociales termine con las subvenciones y generalice la firma de convenios y conciertos, unas fórmulas más seguras y estables de financiación que permiten plantear proyectos a más largo plazo. Otro problema acuciante es la inexistencia de un convenio laboral. El año pasado se firmó en el ámbito estatal el primero para el tercer sector, pero lo que plantea el texto, opina Ruiz, queda "lejos de lo que se necesita en el País Vasco. Cada comunidad es diferente".

"Las necesidades van por delante de los recursos"

El secretario general de Cáritas Guipúzcoa, José Emilio Lafuente, asegura que las instituciones cada vez está más sensibilizada con el trabajo que desarrolla el tercer sector, pero advierte de que "las necesidades van por delante de los recursos". "La Administración cada vez está más preocupada por la situación y destina más recursos, pero las necesidades se incrementan".

En el caso de su organización, el 40% del presupuesto procede de las ayudas públicas, fundamentalmente del convenio suscrito con la Diputación Foral de Guipúzcoa. El otro 60% se completa con los recursos propios y las ayudas procedentes de los socios. "Si tenemos posibilidad de abordar las necesidades que surgen, lo intentamos, y después ya recurrimos a la Administración para que financie esos gastos. Pero en una primera instancia lo intentamos con nuestros medios".

En cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores de estas ONGs, que son los que más sufren la precariedad por la falta de un marco normativo y porque a veces las ayudas públicas llegan a destiempo, Lafuente destaca que "Cáritas trata de dignificar todo lo que puede la situación de los trabajadores". La ausencia de un convenio provoca "una cierta dispersión" y hace que sea "más complicado hablar de un sector regulado".

El convenio que se aprobó el año pasado a nivel estatal se encuentra en estos momentos impugnado y a la espera de una resolución judicial. "No hay ningún convenio específico para el sector, y por eso cada uno echa mano del que puede ajustarse mejor a las características de cada entidad", apunta Lafuente. "Se trata de revisar los convenios que hay alrededor y adoptar uno".

- Plantilla. Integran el Tercer Sector en Euskadi unas 1.600 entidades, en las que trabajan cerca de 18.000 personas de forma remunerada, casi el mismo número de profesores no universitarios que tiene en nómina Educación y 6.000 personas menos que Osakidetza. Otras 60.000 lo hacen de forma voluntaria.

- Peso económico. En 2002, estas entidades movieron un presupuesto de 520 millones de euros, un 1,4% del PIB generado en Euskadi. En términos de empleo retribuido, supone casi el 2% del de la comunidad. El Ararteko ha analizado 293 entidades, en las que trabajan 8.000 personas con sueldo y gestionan al menos 278 millones de euros. El 71% de esa cantidad fue financiado por las administraciones.

- Mayoría de mujeres. Siete de cada diez personas que trabajan en el sector son mujeres.

- Profesionalización. El 70% de las entidades de la muestra dispone de alguna persona liberada, ya sea a tiempo completo o parcial.

- Convenios. Hasta el año pasado no existía convenio en el Tercer Sector. Cada entidad aplica el que más se ajusta a sus especificidades o no aplica ninguno. Entre las entidades profesionalizadas, un 65% tiene algún tipo de convenio firmado. En líneas generales, los trabajadores de este sector cuentan con unas condiciones salariales inferiores a otras áreas del mercado privado.

- Jornada. Más del 90% de los empleados trabaja entre 31 y 40 horas semanales como mínimo.