Dependientes seremos todos

José Aguilar Marín baña, da de comer, inyecta insulina y permanece junto a su madre todos los días del año. 24 horas. Carmen Marín Fernández, de 82 años, padece polio desde niña. Además, hace seis años se rompió una cadera. Necesita atención continua. Es una mujer dependiente del máximo nivel.

José tiene 46 años y es sevillano. Trabajó como pescadero y ordenanza. Tuvo que dejarlo. Desde que su madre está postrada en cama, su única ocupación consiste en hacer que su vida sea lo menos penosa posible. La Junta de Andalucía le paga 665,70 euros brutos al mes por este trabajo. Y lo ha dado de alta en la Seguridad Social.

"Es un respiro", me decía ayer este emocionado hijo. Su máxima preocupación era que durante los últimos años que dedicó íntegramente a su madre, no cotizaba a la Seguridad Social.

José es uno más de los 44.359 andaluces que reciben ya una prestación a la que tienen derecho por la Ley de Dependencia. Es verdad que ha habido un cierto retraso: echó la solicitud en junio de 2007, le fue aprobada en abril de este año y recibió su primer "salario" este 2 de junio. Junto con 4.141 euros de atrasos.

Cuando en el corazón de la ¿decrépita? Europa se intenta dinamitar el Estado de Bienestar, reconforta comprobar que aquí se siguen añadiendo ladrillos a ese sueño. Berlusconi mete en la cárcel a los inmigrantes muertos de hambre por considerarlos delincuentes; los ministros de trabajo de la Unión Europea, jaleados por Sarkozy, proponen la vuelta al esclavismo al aprobar jornadas laborales de 60 horas semanales. En este rincón sureño nos ocupamos de los desvalidos.

La Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno socialista de Zapatero el pasado año es un nuevo pilar básico del Estado del Bienestar. Su aplicación, que corresponde a las comunidades autónomas, está teniendo serias dificultades en algunos territorios. Donde más retraso se registra es en algunos gobernados por los lobos hispanos del ultraliberalismo: Esperanza Aguirre en Madrid y Francisco Camps en Valencia. Ambos del PP.

Andalucía es pionera. Como lo fue en la investigación con células madre. O en la gratuidad de los libros de texto. O en la atención bucodental. Ya no somos un territorio exclusivamente exportador de crímenes y tópicos folclóricos.

A 30 de mayo, la Consejería de Igualdad ha recibido más de 142.000 solicitudes. Han sido valoradas 118.888 (83,6%). Los que tienen derecho a ser atendidos según el nivel de dependencia y el calendario de ejecución, suman 83.296 personas. Casi la mitad, 44.359 gozan ya de una prestación, de las que 21.987 son económicas. Mientras que a finales de abril había casi 4.000 andaluces dados de alta en la Seguridad Social, en Madrid había cero; en la Comunidad Valenciana, siete.

Este año, la Junta destinará 270 millones al desarrollo de la ley. Y no los 128 que falsamente dijo el líder popular Antonio Sanz. Además, la Consejería de Economía ha desarrollado tres programas de atención a dependientes y plazas residenciales por un importe de 161 millones. Por último, se ha desarrollado un programa informático pionero para la gestión de las prestaciones, verdadero cuello de botella, con excelentes resultados. Otras comunidades, como Aragón, se lo han pedido a la Junta andaluza.

¿Todo de color de rosa? No.

Rosa Berges, secretaria de Política Social de CC OO de Andalucía, destaca los aspectos positivos: rapidez en la aplicación y agilidad en la tramitación. Pero me señala como aspectos negativos "la deriva del sistema hacia la prestación económica para cuidados en el ámbito familiar". Es decir, la prestación que reciben personas como José Aguilar, de algo menos de 400 euros netos al mes. Berges teme que más que crear "un sistema de servicios, estemos creando un sistema de subsidios".

Pero el resumen tiene que ser optimista. Andaluces como José Aguilar seguirán sufriendo por ver a su madre inválida. Pero al menos sienten que su Gobierno no los abandona a su suerte. Berlusconi y Sarkozy no son bienvenidos en este territorio sureño.