Urgencia constitucional

El Tribunal Supremo acordó el jueves desestimar la causa presentada contra la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, a raíz de la conversación telefónica que mantuvo con una persona imputada por el asesinato de su ex marido. Concluye así un lamentable episodio de corto recorrido jurídico pero de importantes consecuencias políticas.

Porque el error cometido por la presidenta del tribunal, que no incurrió en delito alguno con su imprudente conversación, según los jueces del Supremo, vino, sin embargo, a sumar motivos de desprestigio para una institución imprescindible y que ha sufrido como pocas las consecuencias del agrio enfrentamiento político durante los últimos años. En el origen de los problemas que atraviesa el tribunal se encuentra la crispación de la pasada legislatura, que forzó el progresivo desplazamiento de su función hasta convertirlo en una improvisada tercera Cámara legislativa. Cuando ello no pareció bastar, el PP intentó un golpe de mano, con detalles que avergonzaron a muchos (incluyendo bastantes de sus militantes) excepto a quien los urdió, que le valió finalmente un severo correctivo por parte de los propios jueces del alto tribunal.

Al Constitucional se le exigió detener las iniciativas que la oposición no pudo derrotar en el Congreso y el Senado, como la Ley de Igualdad o el Estatuto de Cataluña, además de la reforma de la Ley Orgánica que regula su funcionamiento. Y el resultado fue una división entre sus miembros más por razones políticas que jurídicas, una sucesión de sentencias de discutible calidad técnica y, por último, una generalización de prácticas inauditas en tribunales constitucionales de países con democracias avanzadas.

De esta última polémica a cuenta de la imprudencia de la presidenta (también inaudita, según cualquier estándar occidental) sólo es posible extraer una conclusión: la renovación del tribunal, pendiente ya desde hace meses, no puede esperar ni un minuto más. Con independencia de que los partidos se propongan alcanzar un acuerdo más amplio sobre la justicia, el deterioro de la situación que atraviesa el Constitucional le impide cumplir su tarea. Y esto nada tiene que ver con que, además, sea necesario reformar y dotar de más medios a los tribunales. Es más, la paradoja que podría producirse es que, de mantenerse en su actual composición y con funciones de hecho similares a las que ha desempeñado hasta ahora, el alto tribunal estaría en condiciones de frustrar esta reforma.

En el horizonte inmediato, el Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña, recurrido por el PP y uno de los principales caballos de batalla, si no el principal, entre los magistrados que se prestaron a introducir la lucha política en el interior del tribunal. Es una sentencia que urge, en la medida en que las instituciones catalanas han comenzado a desarrollar legislativamente un texto que podría ser declarado inconstitucional en alguno de sus puntos.

Sin embargo, y a la vista de la situación en la que se encuentra el TC, tal vez habría que reconsiderar esa urgencia: cualquier sentencia que emane de su actual composición no se librará de la sombra del desprestigio. En estas condiciones, mejor urgir a los partidos para que renueven el tribunal con criterios de competencia jurídica y esperar a que decida sobre los graves asuntos pendientes, ya con su nueva composición.