La UE lima la ley de inmigración y dará ayuda legal gratis a los detenidos
La directiva de los 'sin papeles' queda ahora en manos de la Eurocámara
El Parlamento Europeo decidirá el próximo día 18 si da luz verde a la última versión de la directiva de retorno de los emigrantes sin papeles aprobada ayer por los ministros del Interior de los 27 Estados miembros en Luxemburgo. El texto acordado incluye el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los detenidos en determinadas condiciones. La incorporación de esta medida, a la que se oponían especialmente Alemania y Austria, permitirá al Partido Popular Europeo (PPE), principal grupo defensor de la directiva, el apoyo de un mayor número de diputados liberales.
El texto ha incorporado, con el apoyo de España y otros Estados, que "los Estados miembros asegurarán la asistencia legal necesaria o representación legal gratuita" de acuerdo con las normas de la respectiva legislación nacional y según las condiciones y límites establecidos en la directiva de asilo de 2005. Esta directiva señala que la asistencia gratuita podrá establecerse "únicamente para los procedimientos ante un órgano jurisdiccional" y no para nuevos recursos y revisiones.
La directiva entrará en vigor a los dos años de su aprobación, pero el derecho a la defensa jurídica gratuita no será vigente hasta dentro de tres años. La Comisión valorará el impacto de estos costes adicionales que podrán ser cofinanciados con recursos del Fondo Europeo de retorno.
Aparte de este cambio puntual de última hora, que ya venía en la propuesta inicial de la Comisión, la directiva supone un serio endurecimiento respecto al proyecto presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2005 que limitaba a seis meses el tiempo máximo de detención frente a los 18 meses de la directiva aprobada ayer, y no autorizaba la detención de menores. Sin embargo, mejora las condiciones existentes en algunos Estados, aunque ocurre lo contrario en el caso de España.
Los eurodiputados socialistas Claudio Fava y Martine Roure han presentado un paquete de enmiendas que se discutirán durante la tercera semana de junio en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. Las enmiendas exigen que las detenciones sean "ordenadas por escrito" y en los casos urgentes, cuando sean adoptadas por las autoridades administrativas, deberán ser confirmadas por el juez en 72 horas.
Las enmiendas exigen también que el detenido sea "liberado inmediatamente si la detención no es legal". Proponen que el periodo de detención no podrá exceder los tres meses y sólo en casos excepcionales prorrogarse otros tres meses más.
Los socialistas Fava y Roure establecen muchas cautelas para los menores, como las que especifican que deberán ser atendidos en centros con actividades de ocio y facilitar su acceso a la educación. Además, señalan que "el mejor interés del niño será siempre la principal consideración".
El debate en el Parlamento Europeo se presenta muy reñido, dado que el sistema de aprobación en primera lectura no permite, en teoría, la introducción de nuevas enmiendas. El PSE se encuentra dividido y sólo cuenta básicamente con los apoyos de Los Verdes y de la Izquierda Unitaria Europea.
Principales puntos de la nueva normativa
- Retorno voluntario. Se establece un periodo de 7 a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Si hay riesgo de evadir la acción de las autoridades o para la seguridad nacional, el periodo podrá ser inferior a siete días.
- Retención. El plazo máximo se fija en seis meses que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros. La retención tendrá lugar cuando haya un riesgo de eludir una próxima expulsión y debe ser "lo más corta posible", en centros específicos (no en prisiones) y bajo supervisión judicial.
- Prohibición de retorno. Los indocumentados que sean expulsados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario. Ese periodo podrá ser aún mayor si la persona expulsada supone una amenaza grave para la seguridad. En cambio, las víctimas de tráfico de personas no tendrán limitaciones para volver a la Unión.
- Menores sin familia. En el caso de los menores sin familiares, se debe tener en cuenta "el mejor interés" para ellos a la hora de decidir su expulsión. El texto establece que para devolver a un menor de edad a su país de origen debe entregarse a miembros de su familia, a un tutor o a una institución debidamente acreditada.
- Asistencia jurídica gratuita. La garantía de asistencia jurídica se dará en las mismas condiciones que se ofrece a los solicitantes de asilo. Este mecanismo prevé que la asistencia sea gratuita según estipulen las leyes nacionales.
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