Ningún juez responderá por el caso del doble crimen de Alovera

La argentina Sylvina Bassani era muy consciente de que su vida corría peligro. Su ex marido, sargento del Ejército, la acosó y persiguió durante dos años. Ella llegó incluso a trasladarse de provincia (de Madrid a Guadalajara) para huir de él. Finalmente, la encontró, le pegó un tiro a ella, otro al hombre con el que vivía y se suicidó. Todo ocurrió delante del hijo del asesino y la víctima, de cuatro años, el 10 de abril de este año. Bassani había pedido ayuda muchas veces. Había comunicado en una veintena de escritos que el militar estaba quebrantando la orden de alejamiento impuesta en septiembre de 2006.

Jueces, fiscal, funcionarios y psicóloga fallaron en este caso

La magistrada cometió al menos dos errores en la tramitación

Una juez denegó todas sus peticiones en abril del año siguiente, incluyendo la prisión provisional del hombre y que se le realizara una prueba psiquiátrica. Y un escrito en el que se pedía que se preguntara al Ministerio de Defensa si el agresor tenía armas -tenía una que utilizó el día del crimen- ni siquiera fue contestado. Pero, a pesar de esto último, la Comisión Permanente del Poder Judicial decidió ayer por unanimidad archivar el caso y eximir de responsabilidad disciplinaria a los jueces. Y culpan de los retrasos en la tramitación, sobre todo, a una funcionaria. ¿Ninguno de los cuatro jueces que se encargaron del caso tuvo nada que ver en el desaguisado ni debe responder por ello? Según lo que se desprende de la información del propio informe de CGPJ, sí existen algunas actuaciones cuestionables.

El encargado de llevar el caso de Sylvina fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Torrejón de Ardoz (encargado de la violencia de género y del caso de Sylvina), un órgano sobrecargado y cuya situación era desastrosa, como había determinado el Consejo General del Poder Judicial por una inspección llevada a cabo en julio de 2007. Durante los meses que duró la tramitación del procedimiento penal de Sylvina contra su ex marido (desde septiembre de 2006 hasta su asesinato en abril de 2008) pasaron por él cuatro jueces, dos titulares y dos sustitutos. Pero, según el CGPJ, los responsables del desastre generalizado no fueron ellos sino una funcionaria que no había tramitado varios escritos de la víctima.

Pero, aunque esta funcionaria -de la que se dice falsamente que carece de la "más mínima formación jurídica", ya que es licenciada en Derecho- haya cometido varias negligencias, el trabajo de los magistrados no fue impecable. Gemma Susana Fernández -que intervino en el caso desde el 26 de marzo hasta el 10 de diciembre de 2007-, tomó decisiones más que discutibles. La primera tiene que ver con la organización del juzgado. Si era evidente que esta funcionaria era incompetente, ¿por qué se le encomendaron los sensibles expedientes de violencia de género? ¿No tiene la juez ninguna responsabilidad por haberlo permitido? Ese juzgado tramita también otros temas civiles y penales, por lo que se le podrían haber atribuido asuntos menos delicados.

En segundo lugar, la juez Fernández jamás contestó a la petición del abogado de la víctima de que se oficiase al Ministerio de Defensa para saber las armas de que disponía el acusado. El sargento tenía una Smith&Wesson del calibre nueve milímetros que no aparecía en la base de datos de la Guardia Civil. No era un arma reglamentaria sino que la había adquirido de forma privada con su tarjeta de suboficial del Ejército. En una resolución de abril de 2007 en la que la juez denegaba todo lo que pedía la víctima -poder prestar declaración de nuevo, que se emitiera un informe psiquiátrico del agresor y que se celebrara una comparecencia para su ingreso en prisión provisional por quebrantar la medida de alejamiento-, no se contestaba al tema de las armas. El Ejército jamás recibió escrito judicial alguno sobre este punto. Y, finalmente, la víctima volvió a poner en conocimiento de la juez, en el mes de mayo, que el hombre le había pinchado las ruedas del coche y que algunos vecinos le habían visto merodear por su domicilio y robar correspondencia del buzón. Volvió a pedir una comparecencia para su ingreso en prisión. La juez jamás contestó. Estos comportamientos de la magistrada no se pueden imputar a la funcionaria.

Pero ninguna de estas actuaciones de la juez ha merecido el reproche disciplinario del Poder Judicial. Montserrat Comas, vocal de la Comisión Disciplinaria, explica la decisión y reconoce que ha habido un mal funcionamiento de la Administración de Justicia en este caso: "Hemos entendido que no contestar a la petición sobre las armas puede haber sido un olvido, y no lo recurrieron ni el abogado ni el fiscal. No me cabe duda de que en este caso han fallado muchas cosas, y que ha habido desaciertos jurídicos en cuanto a la denegación de pruebas, pero eso nosotros no podemos valorarlo. Y en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, consideramos que la juez no ha tenido una actitud pasiva ante los problemas del juzgado. Había comunicado que estaba sobrecargada, que tenía más funcionarios interinos que titulares, que la situación estaba descontrolada y había pedido que se modificara el reparto para liberarla de su evidente carga de trabajo excesiva".

En cualquier caso, con tres muertos sobre la mesa y una petición de auxilio al Estado de dos años, muchas son las instituciones y personas que deberían asumir responsabilidades por lo sucedido. La fiscalía, que pidió que se archivara la causa. La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, que tenía una psicóloga adscrita al juzgado con récord de quejas que emitió un informe en el que negaba de forma absoluta que el hombre fuera un maltratador y recomendaba a la mujer "superar sus conflictos de pareja". Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que debieron haber controlado las armas de que disponía el agresor aunque no lo pidiera el juez. Y también, por supuesto, la juez que le negó sistemáticamente la ayuda que pedía, y la funcionaria, si no tramitó diligentemente los escritos.