Interior detectó a 797 delincuentes al cruzar datos de 17 millones de viajeros

Un francés de 27 años desembarcó el 26 de abril por la mañana en el Puerto de Alicante. El ferry en el que viajaba llegó a España procedente de Orán (Argelia). Su documentación, un pasaporte de ese país africano, estaba a nombre de su hermano. Los agentes de vigilancia de fronteras teclearon sus datos en el ordenador. En su expediente penal caía a plomo una condena de 20 años de cárcel dictada en 2006 por un asesinato en Francia. Tenía una orden europea de detención y entrega. Fue arrestado y puesto ante el juez.

Si no hubiese sido por el sistema de vigilancia de listas de embarque (bautizado como API), puesto en marcha el 19 de marzo de 2007, hoy ese individuo podría estar tomando una cerveza en cualquier bar de España. Como él, otros 796 delincuentes no han esquivado ese filtro de entrada a España, que permite controlar a quienes intentan franquear la frontera por mar o aire desde fuera del territorio europeo Schengen. En esta zona hay libertad de movimiento de personas. Lo forman los países de la UE -salvo Reino Unido e Irlanda- más Suiza, Noruega e Islandia.

42 tenían una orden de ingreso en prisión; y 81, prohibición de entrada a España

El objetivo del sistema es atrapar a terroristas, inmigrantes irregulares y mafias criminales. Las compañías aéreas y marítimas están obligadas a remitir la lista de los pasajeros y la tripulación al Ministerio del Interior una vez realizado el embarque y antes de emprender viaje. Esos datos se cruzan con los ficheros de la policía, la Guardia Civil, Europol e Interpol, para comprobar si existe algún requerimiento judicial, orden de busca, petición de extradición, o si el pasajero está inmerso en alguna investigación policial. Conocer la identidad de quienes pretenden entrar en España permite a las fuerzas de seguridad organizar un comité de bienvenida.

Hasta 60.000 euros

Cada mes se comprueba la identidad de cerca de un millón y medio de viajeros. Iberia, Easy Jet y British Airways son las aerolíneas que más ficheros han enviado. Las compañías que no colaboren se arriesgan a una multa de entre 6.000 y 60.000 euros.

En los últimos 14 meses, la colaboración de las 164 compañías aéreas y cinco navieras, que han remitido al ministerio los datos de 17 millones de pasajeros, permitió detectar a esas 797 personas que tenían algún tipo de requisitoria o señalamiento judicial, pero además también se pudo comprobar que otros 2.208 pasajeros estaban inmersos en alguna investigación policial.

De los primeros, el grupo más numeroso corresponde a las personas que tenían una orden de arresto y personación (216); mientras que sobre 42 pesaba una orden de detención e ingreso en la cárcel. Las fuerzas de seguridad también detectaron que nueve personas llegadas a España tenían vigente una orden de extradición, que 81 tenían prohibida la entrada en el país y que seis más regresaban a España después de haber burlado una orden que les impedía abandonar el país. La mayor parte de los arrestos se practicaron en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Alicante y Palma de Mallorca.

Cuando los investigadores comprueban que un pasajero tiene una causa pendiente, los agentes de policía o Guardia Civil esperan al presunto delincuente a pie de escalerilla o en el control de pasaportes. Allí pueden ser detenidos y puestos a disposición judicial. También puede ocurrir que el delincuente tenga prohibida la entrada a España o a otro país de la UE; en ese caso, se le devuelve al aeropuerto de procedencia. Permanece en las instalaciones del aeropuerto, puerto o en una comisaría hasta que puede ser devuelto.

Si lo que pide la requisitoria judicial es averiguar el paradero de un viajero, se emite una comunicación informando de que esa persona acaba de llegar a territorio español. Aunque el envío sistemático de listados de pasajeros se realiza desde el año pasado, a finales de 2005, el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, ya anunció en una comparecencia parlamentaria que las compañías aéreas con rutas entre países extracomunitarios y España habían comenzado a enviar información de sus clientes, aunque en fase de pruebas. El control de los viajeros de las navieras se incorporó posteriormente.

Por otro lado, el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció ayer que cinco kurdos de origen sirio están tramitando en el aeropuerto de Barajas su solicitud de asilo "después de haber sufrido malos tratos físicos durante su estancia en la sala de rechazados". CEAR ha pedido una investigación, a pesar de que un juzgado de Madrid archivó la denuncia, alegando que no constan lesiones en los policías que les retuvieron y por "revestir las de los ciudadanos sirios carácter de autolesiones".