Familiares de víctimas del Yak piden que Aznar declare como testigo

Familiares de las víctimas del Yak-42 presentaron ayer su escrito de acusación contra el general Vicente Carlos Navarro Ruiz, el comandante médico José Ramón Ramírez García y el capitán médico Miguel Angel Sáez García, para los que solicita seis años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento oficial. Los tres militares integraban una comisión desplazada a Turquía para identificar y repatriar a las víctimas del accidente aéreo del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en las inmediaciones del aeropuerto de Trabzon y que trasladaba a España a 62 militares que procedían de una misión en Afganistán. Las identificaciones de los cadáveres resultaron ser falsas.

Los familiares han propuesto a José María Aznar para que declare como testigo en el juicio. Aznar era el presidente del Gobierno en la época en la que se produjo el accidente, y dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en que éste habría de celebrarse el 28 de mayo de 2003.

Ministros y altos cargos

También se solicita el testimonio de los ex ministros de Defensa Federico Trillo, titular del departamento en el momento de los hechos, y José Bono, que ordenó la investigación de los mismos; el del Secretario de Estado de Defensa en el momento del accidente, Fernando Díez Moreno; el del subsecretario de Defensa, Víctor de la Torre, y el del secretario General de Política de Defensa Francisco Javier Jiménez-Ugarte, conocedores de las irregularidades en el enterramiento de las víctimas y de las circunstancias de preparación del funeral. Asimismo, han sido convocados 12 generales o almirantes que tuvieron distinta participación en los hechos.

También se ha pedido la citación de todo el personal que en Turquía tuvo alguna intervención en la recogida de los restos del avión.

Como responsabilidad civil, los familiares solicitan por los daños morales irrogados una indemnización de 25.000 euros para la esposa o persona ligada por similares vínculos de proximidad -padre, madre e hijos-, y de 6.000 euros por cada hermano.

Igualmente, para hacer frente a esas indemnizaciones reclaman la responsabilidad subsidiaria del Estado.