¿Qué está pasando en la justicia?

Hace ya unas semanas se publicó un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situación de los juzgados penales de todo el Estado. Ninguna autonomía ha salido indemne del informe; tampoco la catalana. De hecho, ésta es la que tiene más sentencias para ejecutar: 56.000 entre los juzgados penales y los de ejecutorias, creados en el año 2003, durante el último Gobierno de CiU. Por desgracia, el estudio se hace como reacción al caso de Mari Luz, para averiguar si el juez que había de ejecutar la sentencia del presunto asesino había actuado o no con suficiente diligencia, y también para proponer medidas que puedan evitar situaciones como ésta en el futuro.

Parece ser que la justicia no es prioritaria ni para el Gobierno nacional ni para el estatal

Podemos criticar al CGPJ por elaborar este informe como reacción y no como medida preventiva, ya que, siendo el órgano de gobierno de los jueces, habría de estar atento a la situación de colapso que sufren los tribunales. Podemos criticar al ministerio por no dar la importancia que se merece a una situación de caos como ésta. Y también podemos criticar a los responsables de Justicia de Cataluña por mirar hacia otro lado dando las culpas a la actitud de determinados funcionarios.

Pero no lo haré y lo que haré será proponer medidas que no se llevan a cabo desde hace cinco años y que requieren esfuerzos económicos, voluntad política y un conocimiento suficiente de la Administración de justicia en Cataluña.

El 9 de agosto se cumplirán dos años de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde el título III, que regula el poder judicial, da un salto muy importante en materia de autogobierno. Pero para que estas competencias puedan ser efectivas, se han de negociar con el Ministerio de Justicia, se ha de hablar con el CGPJ, se ha de exigir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, sobre todo, se ha de tener voluntad política para impulsarlas. Las nuevas competencias estatutarias permitirían mejorar la capacidad de decisión del Gobierno catalán frente al ministerio, especialmente en materia de personal y de creación de nuevos juzgados, que agilizarían los procesos y reducirían la sobrecarga que sufren.

Tanto las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las del juzgado decano de Barcelona como un informe del Colegio de Abogados de Barcelona reflejan con claridad que la justicia en Cataluña está colapsada y que el 73% de los juzgados se hallan saturados. Hacen una especial mención de los juzgados especializados y se ponen ejemplos como que los juzgados contenciosos de Barcelona están señalando juicios para el año 2010. Asimismo, explican que los juzgados penales tienen una lista de espera de más de 5.000 asuntos cada uno y que tienen miedo a que entre en vigor la norma que ha modificado los nuevos delitos de tráfico, porque colapasarán aún más la jurisdicción competente.

Las medidas penales alternativas son una buena opción, pero faltan recursos para ejecutarlas. Lo dicen también las memorias judiciales. Y obviamente, un sistema informático modernizado permitiría ganar tiempo y efectividad.

En Cataluña en el año 1995 y en el 2000 se dio un salto importante en este ámbito. Pero en el año 2003 se requería una revisión profunda de los sistemas, una puesta al día, que aún está por hacer. Y si hablamos de recursos humanos, nos encontramos con situaciones similares. Cada vez hay más interinos sin formación adecuada y los juzgados no paran de solicitar refuerzos para solucionar in extremis una situación de caos que se está haciendo insostenible. Todas estas circunstancias son elementos que desincentivan a los funcionarios de Justicia, desincentivación que contribuye de forma radical a hacer más grande la pelota.

En los últimos cinco años la creación de nuevos juzgados ha sido insuficiente, la contratación de personal preparado también, las nuevas infraestructuras comienzan con lentitud a dar sus frutos y la Ciudad Judicial de Barcelona lleva dos años de retraso, con un proyecto modificado que no responde a las necesidades del sistema.

Parece ser que la justicia no es prioritaria ni para el Gobierno nacional ni para el estatal. La burocracia administrativa está arraigada en este ámbito, el ministerio no quiere ceder competencias, la Generalitat no tiene voluntad política y las decisiones políticas se miran y remiran tantas veces que no se dan cuenta de que cuando frenas el coche, creas retenciones medio kilómetro más allá. Tenemos las soluciones; sólo falta que los respectivos gobiernos socialistas (ambos) lideren un proceso de revisión, modernización y transformación del sistema judicial. Y este proceso se ha de hacer conjuntamente con los magistrados y los profesionales que cada día han de dar la cara sabiendo que no es el mejor rostro que se pueda enseñar.

Núria de Gispert i Català es diputada por CiU en el Parlament.