El dueño del piso turístico precintado se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros

John Ward, un británico de unos 60 años, con camisa rosa, pantalón corto y sandalias, paseaba ayer a su perrito camino de los jardines del hospital de la Santa Creu. "¿Piso turístico? ¿Multa? No se de qué habla. Hoy no hablo castellano", dijo el hombre en inglés, dando la conversación por zanjada.

Pero, según los miembros de la comunidad de vecinos del número 63 de la calle de Hospital, Ward se expresa en castellano sin dificultad. El hombre lleva ocho o nueve años alquilando el segundo piso de la finca (hay uno por planta) a turistas y provocando molestias vecinales. Tantas, que el Ayuntamiento lo precintó hace una semana. El piso de Ward es el primero de este tipo clausurado en Barcelona. La multa puede ascender a 30.000 euros.

La nueva Ley de la Vivienda, de enero pasado, ha permitido al Ayuntamiento elaborar unas normas y tener una herramienta para actuar contra estos apartamentos que no tributan, carecen de licencia municipal y son fuente de conflictos. Ward vive en Ciutat Vella y según los vecinos arrienda en el distrito tres pisos más. El de la calle del Hospital lo ha alquilado de forma continuada a ingleses a través de Internet. Cada semana podía recaudar entre 500 y 600 euros. "Si es una multa de 30.000 euros, le ha salido hasta barato", dijo Lluís Nicolau, de 49 años, vicepresidente de la comunidad y dueño de la zapatería de los bajos.

Los vecinos se quejaban desde hacía tiempo a la Guardia Urbana por las fiestas nocturnas, los ruidos y el constante trajín de turistas. Rosa Lago, de 36 años, la vecina del primero, estaba harta de que despertaran a su marido (se levanta a las 4.00) al equivocarse al pulsar el interfono y no dar con el que tiene el nombre de Ward. "Me han salido hasta grietas en casa. La finca es vieja y han utilizado patines y bicicletas. Encima, los domingos por la tarde los turistas se quejaban de que yo ponía música", explica Lago.

Ward iba a las reuniones de la comunidad, pero no atendió sus quejas, aunque propuso instalar un ascensor. El 18 de abril, un guardia urbano fue con un ordenador a la zapatería y recogió en un acta las quejas vecinales. Luego instó a Ward a que dejara de alquilarlo e invitó a los vecinos a que les llamaran en cuanto vieran movimiento. Pasó una semana y Ward lo arrendó. Los agentes obligaron a cuatro turistas con mochila a dejar el piso. Era mediodía. Ahora la puerta está cerrada con doble candado y precintada.

El precinto ha sido celebrado tanto por el Ayuntamiento (estima que hay 533 pisos ilegales en Ciutat Vella) como por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur). "Es bueno todo lo que sea poner orden", dijo su presidente Joaquín Mestre. "Ésta no puede ser una ciudad sin ley". Hasta los urbanos están contentos tras haberse sentido muchas veces impotentes. "Ya tenemos el primero", dijo un agente tras el precinto.